Durante el periodo 2014-septiembre de 2022, el Instituto Nacional Electoral (INE) pagó mil 901 millones de pesos a personal que decidió retirarse del organismo.

El monto, en favor de 6 mil 295 trabajadores, procede del Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral, cuya base monetaria no ha sido afectada bajo ninguna circunstancia.

Los casi 2 mil millones referidos son adicionales a los pagos que debe hacer por ley y normas internas, así como en casos de retiro.

La información anterior se incluye en la respuesta del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Jesús George Zamora, a los comentarios emitidos en la reciente sesión del Consejo General, el miércoles pasado, en la que –con distintos matices– consejeros aseguraron que el contralor y su equipo son partícipes de los beneficios que critican.

En una carta dirigida al consejero Ciro Murayama, quien presentó más datos en contra del modo de operar del OIC, se detalla que 69 por ciento de los finiquitos fueron hechos en los últimos cuatro años.

En principio, el OIC aduce que las indemnizaciones a ex integrantes de su oficina no constituyen un porcentaje representativo, pero al mismo tiempo sugiere un “análisis profundo” respecto de las altas indemnizaciones y que éstas procedan sólo cuando el INE ordena el despido.

Entre otros puntos, Murayama señaló que a raíz de la remoción de 31 de los 38 directivos del OIC, se ha pagado 41.5 millones de pesos por compensaciones en términos de relación laboral, ante lo cual George admite la conveniencia de revisar los objetivos del fideicomiso.

“Son acertadas sus expresiones de ‘boquete presupuestal’, ‘alta rotación laboral’ y ‘menor acumulación de experiencia’ en todo el instituto, que son provocadas por políticas de este tipo adoptadas en la normativa del INE”, dijo el contralor.

Se debe considerar, agregó, que el INE paga otras cantidades en casos de retiro: seguro de separación individualizado, cuyo gasto fue de mil 103.6 millones de pesos, de 2018 a 2021. También ha pagado al Issste, en el mismo periodo, por seguros de retiro y de cesantía en edad avanzada, así como por vejez 252 millones.

El presupuesto para el año entrante, reiteró la sugerencia a los directivos y consejeros para que “reconsideren” mil 394 millones de pesos (de una petición total de 14 mil millones).

También, que la previsión presupuestal del instituto esté debidamente sustentada con investigaciones de mercado, cotizaciones, precios de referencia o antecedentes de gasto, a fin de evitar arbitrariedades o solicitudes de recursos sin justificación, más aún cuando el organismo electoral está sujeto a un marcado escrutinio público.

De ahí la necesidad de que los montos solicitados para cada actividad tengan razonabilidad, “más allá de discursos complacientes”.