Al concluir su visita oficial a México, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jiménez-Damary, aseveró que si bien en el país las causas del desplazamiento forzado “son diversas y multifactoriales”, entre ellas están distintos tipos de violencia, “a menudo originada por el crimen organizado, a veces relacionadas con los proyectos de desarrollo, la minería y tala ilegal o por conflictos electorales, religiosos y agrarios”. Alertó que 40 por ciento de los episodios de desplazamiento registrados en 2020 afectaron a pueblos indígenas.

En conferencia, la relatora –la primera en esta materia que realiza una visita oficial al país– expuso que a pesar de que no hay cifras oficiales de desplazados internos, datos proporcionados por la sociedad civil estiman que van de 350 mil a 400 mil y se concentran en “estados que son emergentes, que tienen mayores grados y niveles de pobreza”.

Refirió que la mayoría de las víctimas “con quienes platiqué me han informado que son directamente atacados o amenazados por el crimen organizado, por lo tanto, tienen que irse de sus casas, ya que las queman”.

En la presentación de sus observaciones preliminares, luego de reunirse del 29 de agosto al 9 de septiembre con víctimas, organizaciones civiles y funcionarios federales y estatales en la Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas y Guerrero, la relatora afirmó que otras causas del desplazamiento forzado son “el cambio climático y los desastres, agravados por la discriminación, que tiene impacto diferenciado para las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad”.

Advirtió que la presencia de niños y adolescentes se mencionó en la mayoría de los episodios de desplazamiento de 2020. “Recibí información de que algunos de ellos y ellas son víctimas directas del reclutamiento forzado de grupos armados”. Subrayó que la mayoría de las víctimas también son mujeres.

La experta lamentó que a pesar de que las comunidades indígenas representan 10 por ciento de la población total de México, sean las más afectadas. “Sufren impactos diferenciados” por su situación de vulnerabilidad, la falta de acceso a los mecanismos de protección “con pertinencia cultural” y el racismo.

Jiménez-Damary agradeció la apertura del Estado al escrutinio internacional e indicó que el fenómeno requiere atención integral que incluya “medidas de prevención, atención y protección”, y exhortó a crear un registro federal de desplazados.

Instó al Senado a avanzar en los trabajos para contar con la ley general en la materia, la cual ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Compromiso del gobierno mexicano: Encinas

En una reunión previa con la relatora, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, manifestó el compromiso del gobierno mexicano para revisar “de manera detallada” el informe final que presentará la especialista en junio de 2023, y “darle seguimiento puntual y pormenorizado desde todas las instancias que componen al Estado mexicano”.

Afirmó que esta visita se enmarcó en la estrategia del gobierno “para visibilizar esta temática que había permanecido invisible en el pasado”.