Tlalnepantla, Méx., A un año del desgajamiento del cerro del Chiquihuite, en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, las 11 familias cuyas casas fueron demolidas acuden a reuniones que organizan autoridades federales, pero sólo tienen la promesa de que les asignarán una vivienda, no la fecha.

Alrededor de 286 familias afectadas regresaron a vivir a la colonia Lázaro Cárdenas, cuando terminaron de estabilizar la zona del derrumbe, pero ninguna autoridad les aviso que podían volver y ellas han tenido que reparar los daños de los inmuebles. Además, han dejado de recibir apoyos, no saben si serán reubicadas ni mucho menos si es seguro habitar la zona.

Tras el derrumbe del 10 de septiembre de 2021, cuatro personas murieron, y fueron demolidas 11 viviendas que fueron afectadas o aplastadas por peñascos de más de 200 toneladas de peso, que se ubicaban en la confluencia de las calles Exploradores de Chimalhuacán y Alacranes de la colonia Lázaro Cárdenas segunda sección, conocida como “zona cero”.

“Nadie nos dijo que regresáramos a nuestras casas. Cuando terminaron de estabilizar el sitio del derrumbe, las autoridades se fueron y nos dejaron, ¿adónde más íbamos a ir, si no aquí?”, comentó Flor María Lázaro Bolaños, madre de cuatro menores, cuya casa colinda con el terraplén construido por equipos de protección civil, ingenieros y especialistas en la materia.

Señaló que recibieron apoyos económicos de 5 mil pesos durante octubre, noviembre y diciembre de 2021, para el pago de rentas. Pero cuando en enero de 2022 se inició el nuevo gobierno priísta de Tlalnepantla, que preside Marco Antonio Rodríguez Hurtado, las asignaciones fueran canceladas.

En lo que fue la “zona cero”, varios inmuebles dañados permanecen en pie. A simple vista se observan muros derrumbados, daños en lozas, castillos, pues cargaron el peso de las peñas o fueron impactadas. Una casa casi en ruinas también es habitada.

Ricarda Mendoza Castellanos, quien desde hace 47 años vive en la avenida Exploradores de Chimalhuacán, explicó que cuando regresó a su domicilio, éste ya no tenía barda y el zaguán estaba sobrepuesto, pando e inservible.

Vecinos reparan los daños

“Nosotros reparamos los daños y pagamos las afectaciones. Aquí tenía una capillita y mi jardín, todo quedó lleno de piedras”, lamentó.

Aseguró que existe incertidumbre, pues a un año del accidente, ninguna autoridad regresó. Y no han sido informados sobre quiénes serán reubicados y tampoco si es seguro habitar el lugar. Su vivienda se ubica a contra el muro de otro inmueble que quedó con un castillo y una losa doblada, incluso se desplomaron algunas paredes.

Las 11 familias, cuyas casas fueron demolidas, acuden a las juntas que hacen autoridades del gobierno federal. Tienen la promesa de asignación de viviendas. Pero no hay fecha de entrega. Ante la falta de techos rentan o viven con familiares.

“Dicen que están construyendo los departamentos, pero debe haber claridad, porque en un lote habitaban de tres a cuatro familias, y al parecer sólo quieren dar una casa por lote”, precisó Flor María, vecina desde hace 12 años. “Aquí se vive en la incertidumbre, después del accidente”.

El riesgo persiste

El 10 de septiembre de 2021 murieron cuatro personas. La gente colocó cuatro cruces de madera sobre el terraplén de rocas, donde autoridades confinaron restos de peñas que aplastaron tres viviendas, una era habitada por Paola Daniela Campos Robledo, de 22 años, y sus hijos Mía y Jorge, de 3 y 5 años, quienes no alcanzaron a salir y fallecieron en el lugar.

La otra víctima fue Mariana Martínez, estudiante de literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Lucero y Ricarda comentaron que tras una tormenta acompañada de granizo, el 24 de agosto, una roca se desprendió de la parte alta del Chiquihuite. Por ello, cada vez que llueve, optan por abandonar sus casas, temerosas de nuevos derrumbes.

El 24 de noviembre, después de 70 días del deslave, Samuel Gutiérrez Macías, coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, anunció el término de los trabajos de estabilización en la zona del derrumbe; en ese entones, dijo que aún no se definía el regreso de los afectados.

Ese día, señaló que el Centro Nacional de Prevención de Desastres daría un diagnóstico para definir riesgos y determinar el regreso paulatino de las familias, para salvaguardar su integridad física.

Doce lotes fueron expropiados y el decreto se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México del 8 de octubre de 2021. “Urge que nos digan si nos van a reubicar, pero que entreguen una casa por familia”, planteó Lucero, hermana de Alejandro Lázaro Bolaños, cuya casa fue demolida.

Este año Protección Civil entregó notificaciones a varios núcleos familiares y reiteró que viven en zona de riesgo. Pero no dan opción de reubicación. “Vinieron la semana pasada a ver si la casa tenía daños, pero los que nos dieron los papeles nos dijeron que nos iban a reubicar, pero no hay nada aún”, lamentó María del Carmen Martínez, de 56 años.

“El proyecto va a paso de tortuga”, dijo un afectado de la calle Alacranes, quien no dio su nombre, por temor a que no le asignen vivienda. “Si de por sí no dan ninguna ayuda”. Acusó que a la zona han llegado personas ajenas al derrumbe de 2021 en busca de ser incluidos en la asignación de viviendas.

Mientras, autoridades de Protección Civil (PC) estatal informaron que al menos 210 viviendas deberán ser desalojadas y demolidas y las familias reubicadas en el nuevo desarrollo habitacional.

Este año en la Legislatura mexiquense, diputados informaron que el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, será el encargado de edificar las viviendas, con una inversión de 300 millones de pesos.

PC detalló que originalmente se acordó que serían 178 casas de 11 lotes a desocupar, pero se agregó un predio más con 32 viviendas, las cuales también tendrán que ser demolidas. A tres kilómetros de la zona del derrumbe, algunos albañiles alistan el terreno donde serán construidos siete edificios de departamentos, en el polígono ubicado en avenida Acueducto y Chiapas, frente a la Escuela Preparatoria 118, en las inmediaciones de Colinas de San José.

Por su parte, la alcaldía de Tlalnepantla informó en un comunicado que PC integró a un equipo de canteros que eliminaron el riesgo de derrumbes de grandes peñascos, y que seccionó y retiró entre 300 y 500 toneladas de materiales pétreos.

Dio a conocer que cuenta con un plan de atención, con 12 elementos de PC que tardarían cinco minutos en llegar y luego arribaría el resto del personal. Dispone de tres albergues, que serían puntos de reunión, seguros y cercanos al lugar.

Además, este año el cabildo aprobó desincorporar el predio ubicado en Colinas de San José con superficie de 4 mil 726 metros cuadrados, el cual fue donado a la Federación para construir viviendas para los reubicados.