El establecimiento semanal de precios máximos de gas licuado de petróleo (LP) ha representado hasta julio de este año un ahorro de más de 26 mil millones de pesos para los hogares del país, señaló Leopoldo Vicente Melchi García, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En su participación en el cuarto Congreso de Energía de Veracruz, el funcionario consideró que la medida puesta en marcha desde agosto de 2021 ha sido “exitosa”, pues a “julio de 2022 hay un ahorro estimado de más de 26 mil millones de pesos a los consumidores”.

Indicó que esta política, aplicada a solicitud del Ejecutivo federal, ha tenido un beneficio social, pues la importación del gas doméstico estaba teniendo un impacto en el bolsillo de los usuarios finales. “De alguna manera contuvo esa condición de que hubiera ganancias excesivas”, dijo.

Agregó que fue necesaria la intervención coordinada de las instituciones del sector energético, lideradas por la cabeza del área, la Secretaría de Energía (Sener), en el último segmento de la cadena de valor del gas LP, “el cual está vinculado estrechamente con los consumidores finales, pues debido a las condiciones regionales donde predomina una concentración económica de los agentes económicos más importantes, se generó un efecto negativo sobre los precios de la canasta de los mexicanos”.

Aseguró que por la lenta recuperación económica después de la pandemia de covid-19 y la guerra en Ucrania, se propició un incremento en el precio del gas doméstico.

“Sin embargo, debido a la política de precios se ha favorecido la contención de la inflación y, sorpresivamente, observamos que la aplicación de esta medida evitó, de alguna manera, que el proceso del aumento de los precios de los básicos se fuera hacia las nubes”, señaló.

El comisionado presidente de la CRE comentó que el órgano regulador tiene 949 solicitudes de permisos para estaciones se servicio en rezago.

“Se nos acusa de que somos lentos, que tardamos en resolver, pero estas actividades tienen su fundamento. Hay que evaluarlas, analizarlas con aspectos ambientales, sopesar las necesidades del país y evitar que se concentren en una sola zona”, anotó.

El funcionario reconoció que la CRE en administraciones pasadas otorgó permisos “a diestra y siniestra”, pero ahora ese ente regulador es otro y “tiene más más conciencia para poder evaluar y poder determinar qué permisos deben de ser autorizados.

“Hoy día existe este mecanismo de consulta, de cruzar la información para poder tomar la decisión más apropiada al momento de autorizar.”

Aliada para la inversión

Apuntó que los seis comisionados de la CRE están haciendo un esfuerzo importante para corregir la situación en el sector energético, para que el ente “vele por los intereses del usuario final y, además, también privilegie el interés general en las decisiones que se den para hacer un uso adecuado y eficiente de los energéticos”.

El funcionario subrayó que el país necesita seguridad energética y pidió que se considere a la CRE un aliado para la inversión y para el desarrollo eficiente del sector.