El pasado 1º de septiembre, Andrés Manuel López Obrador presentó su cuarto Informe de gobierno, donde expuso los avances y pautas de acción más sobresalientes de su gestión en el último año. Como ya es costumbre en un país asolado por la violencia, la agenda de seguridad tuvo un lugar relevante, no sólo en el texto del Informe, sino también como el tema que más ha suscitado debate en el espacio público los días recientes, en particular alrededor de los asuntos de la Guardia Nacional, la prisión preventiva y la crisis forense y de desaparición forzada en México.
López Obrador presumió en su Informe una tendencia de reducción de la violencia y la inseguridad construida en función de la disminución cuantitativa de algunos delitos del fuero federal, como el robo, el secuestro y –en mucha menor medida– los homicidios. Como factor preponderante en el logro de esta meseta en homicidios y del decremento delictivo, el Presidente reivindicó a la Guardia Nacional como la principal institución de seguridad del país, que –afirmó– no permitirá la violación a derechos humanos.
A lo largo de estos cuatro años, López Obrador ha repetido su convicción de que la clave de la paz es la justicia. Sin embargo, en los hechos, esta máxima no se sostiene, como tampoco el “no somos iguales”, que fue una de las frases rectoras de la campaña de promoción de este Informe; pues, cualquier ejercicio analítico de su estrategia de seguridad y justicia que se realice desde la perspectiva y estándares de los derechos humanos, revela que su aproximación es mucho más parecida a la implementada en los sexenios anteriores de lo que parece estar dispuesto a admitir.
La aprobación en la Cámara de Diputados del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena y la reciente admisión del Presidente sobre su cambio de opinión respecto del regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles, son pruebas fehacientes de la continuidad del proceso de militarización de la seguridad pública que ha estado en curso en México durante tres sexenios; estrategia que, por cierto, ha revelado ser no sólo ineficaz y riesgosa para los derechos humanos.
Junto a la centralidad de la Guardia Nacional, como clave de la estrategia de seguridad y justicia, hay que colocar la iniciativa del Ejecutivo de proponer la conservación de la prisión preventiva oficiosa en el sistema de justicia penal, cuya inconstitucionalidad se discute en la Suprema Corte. Sobre este asunto, el portal de El País ha revelado que, en México, cuatro de cada 10 presos están en prisión preventiva, lo que se traduce en más de 92 mil personas presas de manera preventiva en el país, la mayoría jóvenes en situación de vulnerabilidad económica. La asociación civil Intersecta ha referido también que 85 por ciento de las personas privadas de la libertad en 2020 no contaban con una sentencia; es decir, ingresaron bajo prisión preventiva, y que nueve de cada 10 peticiones de prisión preventiva eran concedidas por los jueces, no obstante que existen otras 14 medidas cautelares contempladas en la ley.
Qué decir de las la crisis forense y de desaparición que enfrentan las fiscalías. Días antes del Informe, 29 de agosto, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), presentó su primer informe de actividades, donde identifica dos componentes comunes de la crisis forense: primero, un gran rezago de fallecidos sin identificar, 52 mil, cifra agudizada por el incremento de la violencia, que ha aumentado la cifra de desaparecidos y no localizados a más de 105 mil, y segundo, las limitadas condiciones de las fiscalías, que sólo identifican 20 por ciento de los cuerpos que reciben, y cuya capacidad de almacenamiento de cuerpos está sobrepasada en al menos 40 por ciento.
La crisis forense y las limitaciones de las fiscalías, la militarización del país, expresada ahora en el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, y la preservación de la prisión preventiva oficiosa son hechos que caracterizan una trágica realidad en seguridad pública, mal disimulada con una alta meseta en la tasa de homicidios que se pretende asumamos como fenómeno de estabilización de la violencia. Ciertamente, los esfuerzos nacientes en materia forense son una oportunidad para garantizar el derecho a la verdad de 105 mil familias que están a la espera de la identificación de 52 mil cuerpos.
Hoy en el país está en juego la política de seguridad pública y preocupa mucho que, cuando la mirada debería estar puesta en un proceso decidido de transformación institucional integral que amplíe derechos y permita reformar el conjunto de las instituciones que conforman el sistema de justicia, el actual gobierno –a contrapelo de sus promesas originales– ha apostado por estrategias que limitan y reducen los derechos humanos, bajo los formatos de la militarización de las funciones civiles y la promoción de la prisión preventiva oficiosa en detrimento de la libertad e integridad de miles de ciudadanos cuya responsabilidad delictiva no ha sido comprobada.
“No somos iguales”, la ya referida anáfora utilizada a propósito del cuarto Informe para afirmar una supuesta distancia sustancial de este gobierno frente a los anteriores, sólo podrá tener veracidad si se opera un cambio drástico en el rumbo de la estrategia de seguridad y justicia que ha prevalecido durante ya la mayor parte de este siglo. De lo contrario, el actual gobierno sólo profundizará la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, si continúa jactándose de no ser los mismos del pasado reciente, a pesar de que estén haciendo lo mismo en procuración de justicia y la pacificación del país.
