Dos comunidades indígenas de la sierra de Chihuahua: El Manzano y Monterde, municipios de Uruachi y Guazapares, respectivamente, obtuvieron un primer e importante triunfo el 12 y 19 de agosto. Después de que 23 familias, desplazadas por las acciones criminales de la banda de El Chueco, tuvieron que dejar sus tierras, padecer asesinatos y sufrir toda forma de violencia, lograron por fin que la justicia federal les otorgue sendos amparos para que se les reparen los daños causados a raíz de la falta de seguridad en sus lugares de origen.

El trascendente fallo obliga a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General del estado y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado, a brindarles servicios de alimentación, vivienda, educación, salud y empleo, mientras no se garantice su regreso seguro y su vida en paz en sus lugares de origen.

Las familias han sido acompañadas en su lucha por dos organizaciones de la sociedad civil, siempre las organizaciones civiles: Contec, Asesoría Técnica Comunitaria y Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm). Desde 2015, cuando se inició la persecución de ambas comunidades, por su rechazo a dejarles sus tierras a los criminales para la siembra de drogas y a que sus jóvenes fueran reclutados por ellos, los sicarios han asesinado a tres personas, entre ellas a Cruz Soto Caraveo, hijo de uno de los dirigentes. Esto, a pesar de gozar de medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (https://bit.ly/3AMzuBx).

La estrategia de estas familias y comunidades, primero, fue tratar de hacerse invisibles para no atraer la atención de las bandas criminales, pero no lo lograron. Luego tuvieron que hacerse visibles para que las autoridades vean y actúen ante sus pesares y sus caminares.

Pero el problema es mucho mayor que el de estas comunidades: en el informe recién emitido por cuatro organizaciones civiles norteñas, Contec, Cedehm, Asmac y Dhia, para la relatora de la ONU sobre Derechos Humanos de las Personas Desplazadas, afirman que cuentan con la información de al menos 61 desplazamientos, ocurridos entre 2012 y el 15 de agosto de 2022 y uno ocurrido en 1996. Estiman que existen al menos mil 703 víctimas, de las cuales, 648 son mujeres, 508, hombres y 524, niñas en Chihuahua. La gran mayoría procede de 11 municipios serranos, sobre todo de Guadalupe y Calvo. Además, hay personas desaparecidas de otras 11 entidades de la República.

Dentro de las acciones de violencia sufridas, este informe ubica al menos 11 modalidades: asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia de género en todas sus formas, agresiones físicas, incendio de propiedades, intentos de reclutamiento forzado de los jóvenes, tala de los bosques comunitarios, robo o matanza del ganado, impedir acceso a la comunidad y corte de los servicios básicos.

El informe señala las principales causas de los desplazamientos forzados en la sierra: la mayoría reside en la violencia ejercida por integrantes o grupos del narcotráfico, ya sea para el desarrollo de actividades propias de la producción y tráfico de drogas, así como para diversificar fuentes de ingreso, o bien como mero mecanismo de control del territorio. También la violencia de género, donde los agresores estaban vinculados con la delincuencia, la violencia para el aprovechamiento de las concesiones mineras, o la búsqueda de oportunidades laborales, luego de la inseguridad en las comunidades.

Merece especial énfasis “la falta de respuesta estatal adecuada, suficiente y oportuna para evitar el desplazamiento forzado y sancionar los hechos que genera”. Aunque hay denuncias de la mayoría de los hechos de desplazamiento, no cubren la mayoría de los hechos violentos, no hay presencia estatal en las comunidades, inacción de autoridades agrarias y ambientales, desconfianza en todas ellas.

Con precisión y sensibilidad, el informe describe la situación que viven las personas desplazadas: es la precariedad total en el disfrute de sus derechos mínimos, la incertidumbre en su futuro, el desarraigamiento de su cultura y sus lazos comunitarios.

Por ello es importante el precedente del amparo ganado por el El Manzano y Monterde. Debe motivar a todas las comunidades y personas desplazadas a que hagan lo mismo: que busquen el amparo de la justicia federal para que se les hagan efectivos sus derechos y les garanticen el retorno seguro a sus comunidades previamente pacificadas, y hagan efectivo su derecho a una vida libre de violencia. Esto va a implicar muchísimos recursos por parte de los tres órdenes de gobierno y la sociedad. Será el costo que se pague por no proteger adecuadamente a los gobernados de la violencia y la inseguridad.

Por eso, es mucho mejor elaborar una estrategia desde abajo, con apoyo de todas las autoridades para cuidar personas, familias, comunidades y territorio. No sólo protegerlas, sino comprometerse con su desarrollo en paz, como ellas lo conciban. Vale mucho más cuidar que reparar… y hasta sale más barato.