El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, perdió los estribos después de que el representante de Bolivia ante ese organismo, Héctor Arce, reiterara el pedido de su país para que se le permita acceder a “la información referente” al proceso para elaborar la auditoría electoral que el organismo llevó a cabo en los comicios presidenciales de 2019, misma que sirvió de pretexto y señal de arranque al golpe de Estado que depuso al ex presidente Evo Morales el 10 de noviembre de ese año. Airado, Almagro sostuvo que las supuestas irregularidades se encuentran desglosadas en las “mil páginas” del informe presentado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y espetó un “no hay margen para lo que usted dice, señor, no lo hay”.
Ante el exabrupto del uruguayo, Arce recordó la gravedad de los hechos que se busca esclarecer: la publicación de un reporte que, sin pruebas, denunció un fraude electoral masivo, aunada a la postura de desconocer los resultados oficiales y llamar a la celebración de nuevos comicios, constituyó “la primera vez en casi 75 años de la Organización de Estados Americanos en que un hecho concreto realizado por la Secretaría General ha generado en 12 horas un quiebre constitucional de una democracia”. Por su parte, la representante de nuestro país, Luz Elena Baños Rivas, expresó su preocupación por ver al funcionario “perder la brújula, en un intento de acallar al delegado de un Estado”, y cuestionó “si no tiene de qué preocuparse, ¿por qué reacciona con esta pobre conducta?”
Debe recordarse que el informe de la OEA se realizó de manera exprés, basado en mentiras abiertas y en el escrutinio de un porcentaje ínfimo de los datos. Estudios independientes realizados por consultoras internacionales (una de las cuales tiene entre sus asesores a los Nobel de Economía Robert Solow y Joseph Stiglitz) contradijeron este libelo disfrazado de auditoría, y afirmaron que el análisis estadístico de los resultados electorales y de las actas generales “no muestra evidencias de irregularidades o fraude que haya afectado el resultado oficial”. Uno de estos trabajos sólo encontró conteos “fraudulentos” en 274 de las 34 mil 551 mesas habilitadas para emitir el sufragio a escala nacional.
Pero la absoluta falta de sustento del informe no impidió que la oligarquía boliviana y los agentes externos empeñados en instalar un régimen títere en la nación andina lo tomaran como banderazo de salida para emprender una aventura golpista que dejó decenas de muertos y miles de heridos, anuló la democracia durante un año y supuso pérdidas económicas incuantificables para el país.
En tanto la correlación de fuerzas políticas en el continente no permita avanzar hacia la supresión definitiva de un organismo que no tienen utilidad alguna salvo para las oligarquías locales, los grupos golpistas y el siempre renovado afán de Washington por intervenir en las naciones del continente, es impostergable trabajar en un consenso que lleve a la limpieza de la Secretaría General, y en primer lugar a la destitución de Almagro, un individuo desprestigiado, carente de cualquier capacidad de interlocución y entregado a las directrices de Estados Unidos.
