Nueva York. La revelación de que entre los documentos secretos guardados indebidamente por Donald Trump en su residencia privada aparentemente habría información ultrasecreta sobre las capacidades militares nucleares de otro país continuó alarmando a expertos en inteligencia, mientras procede una evaluación oficial del daño potencial que causó el ex presidente a la seguridad nacional.
Ex oficiales de inteligencia, entre ellos el ex director de la CIA John Brennan, han reiterado en entrevistas esta semana que sus colegas activos dentro del gobierno están cada vez más alarmados por el daño que podría haber causado Trump al mantener de manera insegura –incluyendo su escritorio privado– documentos ofíciales secretos, entre ellos los relacionados con capacidades nucleares de otros países o sobre operaciones clandestinas estadunidenses en el extranjero.
El documento que describe las defensas militares, incluso nucleares, de otro país revelado por el Washington Post, era parte de una serie de documentos “ultrasecretos” que se confiscaron en la residencia y club privado de Trump conocido como Mar-a-Lago, y algunos tienen un nivel de protección tan alta que sólo un presidente y algunos integrantes de su gabinete, y muy pocos altos funcionarios de inteligencia, tienen acceso a ellos, reportó el rotativo.
En total, la FBI ha recuperado más de 300 documentos clasificados de Mar-a-Lago este año, unos 184 en enero, otros 38 en junio, cuando abogados de Trump certificaron que eran ya los últimos que tenían, y más de 100 después del cateo en agosto. La oficina del director de Inteligencia Nacional está evaluando el daño potencial de que Trump tuviera todos estos documentos que trasladó a su residencia cuando concluyó su presidencia. Por ley, todo presidente está obligado a entregar todo documento oficial a los archivos nacionales al salir de la Casa Blanca.
La decisión del pasado lunes de una jueza federal –la cual fue nombrada en su puesto por Trump– aprobando la solicitud del ex presidente de instalar a un árbitro judicial para evaluar los materiales que le fueron confiscados por la FBI, fue ampliamente criticada por expertos legales, incluso al propio ex procurador general de Trump, Bill Barr, pero el consenso es que sólo tendrá el efecto de demorar la investigación criminal que lleva a cabo el Departamento de Justicia.
Mientras, Stephen Bannon, estratega político de Trump al inicio de su presidencia, está citado este jueves ante fiscales de Nueva York para enfrentar cargos estatales en una acusación que aún está bajo sello. Algunos sospechan que los cargos podrían ser parecidos a los cargos federales por fraude en torno a la operación We Build the Wall, supuestamente con el fin de recaudar fondos para la construcción del muro fronterizo prometido por el magnate, pero los fondos fueron usados para gastos personales. Bannon se salvó de esos cargos federales cuando recibió un indulto presidencial de su ex jefe.
En otra noticia relacionada con Trump, por primera vez en más de 100 años un político electo fue expulsado de su cargo –en este caso un comisionado de un condado en Nuevo México– por orden de un juez usando la 14 Enmienda de la Constitución, que prohíbe a los acusados de insurrección ocupar un cargo público. Couy Griffin, fundador de Vaqueros por Trump, fue culpado de participar en el ataque al Capitolio federal el 6 de enero de 2021, lo cual fue calificado de “insurrección” por este juez.
Algunos tienen la intención de usar este fallo contra otros cómplices del ex presidente e incluso contra él mismo.
Trump, en tanto, sigue denunciando ante sus filas que estas investigaciones son intentos de “silenciarlo” a él y sus seguidores. Aprovechando esos sentimientos, otro ex socio de Trump que fue su primer asesor de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, el ex general Michael Flynn, ahora se está dedicando a organizar un movimiento “cristiano nacionalista” de ultraderecha, reporta la agencia Ap.
