En el análisis de la solicitud de desafuero del dirigente nacional del PRI, el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, no habrá revancha ni consigna, sostuvo el presidente de la Sección Instructora, Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena). “Definitivamente no”, reforzó.

En entrevista, el legislador expresó que, como presidente de esa instancia, actuará con responsabilidad y que Alito tiene tres garantías: respeto a sus derechos humanos, presunción de inocencia y un debido proceso.

Pérez Bernabe explicó que la Sección Instructora tiene hasta el 27 de septiembre para instalarse y a partir de esa fecha corren los plazos del proceso. Una vez constituida, recibirá la carpeta de investigación que está a resguardo de la Secretaría General, en la bóveda de San Lázaro.

Recordó que, si de las constancias entregadas por la Fiscalía de Campeche, y de los alegatos, “se advierte que hay condiciones de inocencia del imputado, se va a determinar que no ha lugar al juicio de procedencia, pero si se considera que hay todos los elementos de la presunta responsabilidad, se enviará el dictamen a la mesa directiva. El dictamen tiene que aprobarse en la Instructora por mayoría, no puede haber empate”.

Por su parte, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, acotó que la iniciativa para ampliar a 2028 la permanencia de militares y marinos en tareas de seguridad pública no fue presentada a cambio de frenar el desafuero de Alito.

“No, no. Y eso es ofender a Yolanda de la Torre”, autora de la propuesta y quien, citó Moreira, informó desde la plenaria de los diputados, en agosto, que presentaría dicha iniciativa.

También, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, resaltó que la revisión del desafuero se realizará “sin consignas, conforme a la ley, nada más”.

Expuso que tanto la Sección Instructora como el pleno de la cámara deben ajustarse al procedimiento, así como en los casos que se aprobaron el año pasado, cuando se decidió retirar la inmunidad constitucional a Saúl Huerta (Morena), por violación a un menor de edad, y Mauricio Toledo (PT), por enriquecimiento ilícito.