Mexicali, BC. Con el objetivo de evitar que se convierta en propiedad de un abogado empresarial, los pobladores del ejido Francisco Zarco iniciaron la lucha por un terreno que les fue donado de palabra por el gobierno de Baja California para que allí se construya un centro comunitario que integre una casa de la cultura y actividades recreativas para la población del corazón del Valle de Guadalupe y de comunidades nativas de la región.

El mensaje de la Asociación Civil de la Ruta del Vino del Valle de Guadalupe —cuyo espíritu es impulsar la defensa del agua y la tierra— es claro: "Personas oportunistas y con ayuda de funcionarios públicos sin escrúpulos quieren adueñarse del terreno que nos donaron gobiernos para construir la Casa de la Cultura".

Los integrantes del Comité del ejido Francisco Zarco solicitaron la intervención de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para concretar la entrega del terreno de 4 mil 176 metros cuadrados, propiedad de la administración estatal, que fue utilizado como campamento de la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) y después de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

"Nuestra intención es que la gobernadora Marina del Pilar volté a ver al Valle de Guadalupe y resuelva esta situación que beneficiará a la población, sobre todo a niños, niñas y adolescentes.

En tanto, agentes de la Fiscalía General de Baja California y de la Guardia Nacional realizan rondines en el terreno y amenazan a los integrantes del Comité Ciudadano, sobre todo a mujeres de la tercera edad, de tenerlos ubicados a fin de individualizar contra cada uno supuestas denuncias por "allanamiento de morada".

Durante cuatro décadas, los habitantes han realizado diversas acciones en el terreno para beneficiar a la comunidad; una de ellas buscó destinarlo para un jardín de educación preescolar del Sistema Educativo Estatal, pero el proyecto se canceló al estar ubicado a menos de 100 metros de una estación de gasolina.

A principios de este siglo, los pobladores decidieron confirmar la donación que de palabra les hicieron gobernadores desde la década de los ochenta y se reunieron con los mandatarios estatales panistas desde Eugenio Elorduy hasta el morenista Jaime Bonilla, quienes coincidieron en cederles el terreno en beneficio de la comunidad.

Sin embargo, el abogado Jorge Humberto Valdez Romero, presidente de la Federación de Transportes y Experiencias en Rutas Vinícolas (FETRAEX), y promotor del partido Fuerza por México, inició en septiembre de 2020 —un mes antes que asumiera su mandato la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda— un juicio ordinario civil para la inscripción preventiva de demanda en el Juzgado Segundo de lo Civil del Poder Judicial de Baja California.

En recurso demandó al Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI) que le reconozca la acción positiva y adquisitiva del inmueble, asentado en el folio real 754066, ubicado en el lote 6 manzana 93 del poblado Francisco Zarco en el municipio de Ensenada, con una extensión de 4 mil 176 metros cuadrados, colindante con la Antigua Carretera del ejido El Porvenir y la calle Doceava.

En esta demanda para solicitar la prescripción del terreno, el INDIVI omitió contestar la petición y participar en el juicio, a pesar que de manera oficial forma parte de su patrimonio, por lo que la petición avanzó en "rebeldía", lo que le favoreció al abogado en el proceso de adjudicarse un predio arbolado, de uso público y que carece de cerco por ser, de facto, un espacio comunitario.

Por su parte, el representante del Comité Comunitario, Austroberto Gutiérrez, advirtió que el recurso presentado por el abogado Valdez es ilegal de acuerdo a la Ley General de Bienes del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado en febrero de 2008, que señala en su artículo octavo que los "bienes que hayan formado parte de inmobiliaria del Estado de Baja California, Inmobiliaria Estatal Tijuana-Tecate, Inmobiliaria Estatal de Ensenada y de la Comisión para la Regularización de Tenencia de la Tierra del Estado serán incorporados a Dominio Privado del Estado".

Además, en el artículo 34 se asienta que los inmuebles de dominio privado del Estado son inembargables e imprescriptibles, por lo que son improcedentes los recursos presentados por Valdez Romero el 17 de septiembre de 2021 donde pide que se le declare "legítimo propietario por haber operado la prescripción positiva y adquisitiva" mediante la admisión de la demanda y se ordene que se efectúe la inscripción preventiva al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ensenada, según partida 5348195.