La próxima semana, el Gobierno de la Ciudad de México instalará una mesa de trabajo en la que participarán la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Instituto de la Seguridad para las Construcciones, a fin de apoyar a las familias afectadas por el llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que hasta ahora se tienen identificados 62 inmuebles, pero probablemente lleguen a 100 los edificios que se construyeron de manera irregular en la alcaldía gobernada por el Partido Acción Nacional.

Explicó que esta mesa atenderá a las familias de todas las alcaldías, pero en particular a las de Benito Juárez, que compraron de buena fe pero no han podido escriturar, ya sea porque viven en un octavo piso y en la licencia de construcción sólo se autorizaron seis, que su departamento tenga vicios ocultos o que se los hayan vendido como nuevos y no es así, o por alguna otra razón.

“Vamos a convocar a todas las personas que están en esta circunstancia para poder revisar las características y ver también si quieren denunciar, y qué fue lo que ocurrió.”

Reiteró que primero el Instituto de Seguridad de las Construcciones revisará si el edificio está bien construido, y después ver con qué condición se puede regularizar y qué responsabilidad tiene la inmobiliaria y la persona que trabajaba en la alcaldía que lo autorizó, en el caso de Benito Juárez.

Dijo que en caso de que exista algún riesgo tendrán que intervenir las inmobiliarias que construyeron, que en algunos casos son de los propios “pillos de la alcaldía.

Informar lo que ocurrió

“Esperemos que malas construcciones sean muy pocas y más bien sea un problema de ilegalidad en la construcción, no estructural, ¿no?, sino ilegalidad en términos de pisos de más, de uso de suelo.”

Resaltó que es importante que la gente que está en estas circunstancia pueda acercarse e informar lo que ocurrió, para ver de qué manera se puede dar solución a su problema, porque no sólo es el tema penal contra los ex funcionarios de la alcaldía, sino de cómo se puede ayudar a los que compraron de buena fe.

Comentó que durante sus audiencias ciudadanas recibió la queja de una familia que rentaba en un edificio de los años 70, que quedó intestado, pero en 2016 apareció una inmobiliaria como propietaria y desalojó a todos los inquilinos. “Le dieron una manita de gato, una pinturita y están vendiendo en 3 millones de pesos cada departamento”.

Aseguró que se revisará este caso para saber si realmente en el Registro Público de la Propiedad aparecía esta inmobiliaria como dueña o cómo adquirió este inmueble.