A cuatro años del cambio de gobierno, hay un discurso que hace visible a las personas indígenas, pero no existen garantías para el reconocimiento de la colectividad y queda pendiente una transformación de fondo en las políticas y acciones de la administración federal que coadyuven en la reducción de las brechas de desigualdad existentes, señaló la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI).

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, esa agrupación exigió detener “la instauración de políticas asimilacionistas que intentan homogeneizar sus prácticas, invisibilizando las formas diversas de organización social, cultural, política, económica y espiritual.

“Quien no escucha el dolor y el sufrimiento de la madre Tierra no entenderá nunca que la lucha de las mujeres indígenas es por la defensa de la vida y el sano desarrollo de todas y todos. Es fundamental que el Estado reconozca estas formas de vida, garantice la seguridad de las personas defensoras e implemente acciones que aseguren los derechos de las mujeres indígenas a la tenencia de la tierra, al territorio y los recursos naturales.”

La ANPMI reiteró que la ausencia de ese sector de la población en espacios de toma de decisiones genera que no se atiendan sus necesidades reales, por eso reafirmaron la recomendación que ya se ha hecho al Estado mexicano, que debe promover que las indígenas incursionen cada vez más en los cargos de elección popular y garantizarles acceso a conocimientos y herramientas para facilitar el desempeño de sus funciones a fin de incidir de manera informada en las decisiones sobre políticas públicas y presupuestos.

“Sobre derechos lingüísticos no existe una política pública articulada para garantizarlos en el ámbito de justicia, pues hay vacíos en estrategias de formación. Los estados no cuentan con presupuesto ni criterio unificado para el pago de estos servicios.”

La organización recordó que por el decenio de las lenguas indígenas, el Estado mexicano anunció la creación de una universidad para su enseñanza, “misma que no cuenta con presupuesto para su operación, por lo que exigimos acciones articuladas que permitan el cumplimiento de la Ley General de Derechos Lingüísticos”.