Tijuana, BC. Productores vinícolas y vitivinícolas del Valle de Guadalupe, en Ensenada, lanzaron un SOS para detener la instalación de bares, centros de espectáculos y áreas habitacionales, que han avanzado "con la complicidad de la autoridad municipal" y han mermado la superficie agrícola e impactado la vocación de la zona, ubicada a unos 113 kilómetros al sureste de Tijuana.

Alertaron que ante "la falta de un Estado de derecho", en los últimos cinco años se ha registrado una "depredación impune" por parte de "oportunistas" que han construido antros, fraccionamientos, centros nocturnos y espacios donde se han llevado a cabo conciertos masivos, incluso con la devastación de especies endémicas, todo de forma ilegal, que ha provocado que la zona se encamine a convertirse en ciudad.

Acusaron de complicidad a la autoridad municipal de Ensenada -encabezada por el morenista Armando Ayala Robles- y afirmaron que "está en riesgo la naturaleza agrícola de la región porque se está valorando la tierra para la construcción irregular de vivienda ocasional, centros nocturnos y espacios de concierto que van en contra de la vocación de una zona de este tipo en cualquier parte del mundo".

En una conferencia de prensa virtual en la que anunciaron el arranque de la campaña "Rescatemos el Valle", advirtieron que "existe un grave riesgo de perder esta región tan simbólica e importante para el país, y por lo tanto se necesita un liderazgo federal fuerte para poder rescatar la región".

Natalia Badán, productora; el presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de Baja California, Fernando Pérez Castro, y el presidente de ProVino, Mauricio Cantú, coincidieron en que se requiere un trabajo en equipo para rescatar el valle, por lo que hicieron un llamado a las autoridades a que promulguen leyes que protejan la zona y su vocación o esencia.

Demandaron que se presente ante los congresos de Baja California y de la Unión una iniciativa de protección al Valle "y se constituya dicha figura jurídica. El Valle necesita la participación de la gobernadora y de la Federación para fortalecer y preservar la vocación agrícola", expusieron.

Se requiere "una legislación de carácter estatal, en la que se ratifique la naturaleza agrícola del Valle generando la protección jurídica necesaria para respetarla", dijeron y especificaron que la legislación tendría que ser gestionada por las secretarías de Economía y la del Medio Ambiente a nivel federal.

Como parte del proyecto podrían retomarse antecedentes que ya existen de esta legislación y reglamentos locales que se pueden retomar, pero que necesitan ser implementados desde la federación.

Los inconformes aludieron a la postura de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), quien en abril de este año anunció la intención de reordenar el crecimiento del Valle porque "nuestro Valle no se volverá en el antro más grande de Baja California".

Panorama desolador

La tendencia de merma ha provocado que de 2014 a 2019 se perdiera un 18 por ciento de tierra agrícola en el Valle y "el futuro luce aún más desolador, pues de las 5 mil 445 hectáreas de tierras agrícolas que había en 2017, el IMIP (Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación de Ensenada) prevé que quedarán menos de la mitad (2 mil) en el año 2027 y el mismo pronóstico estima que para el año 2037 no quedará una sola de esas hectáreas cultivables.

Argumentaron que la industria del vino contribuye con el 1 por ciento del Producto Interno Bruto agrícola, y el Valle de Guadalupe representa el 75 por ciento de la producción nacional; además de que genera 4 mil 500 empleos directos y 10 mil indirectos, con una representación femenina de 40 por ciento en esa fuerza laboral.

En la conferencia en la que también participaron la investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Ileana Espejel, y Claudia Turrent, de Por un Valle de Verdad, destacaron que el enoturismo en la zona genera una derrama económica de 3 mil 600 millones de pesos e impuestos por 165 millones de pesos, y es parte de lo que está en riesgo.

Al detallar los antecedentes, recordaron que en los últimos cinco años se han deforestado al menos mil hectáreas de conservación y producción que ahora se usan para antros y casas privadas, y acusaron que mientras en otras zonas vitivinícolas ese tipo de negocios son "impensables", en el Valle "están proliferando de manera ilegal". Mencionaron entre los antros que operan actualmente el Frida, La Justina, King and Queen y el Ojá.

En ese sentido, los inconformes con la situación recordaron que en octubre de 2021 lograron detener la instalación del Foro APM para eventos masivos -incluso se canceló un concierto del cantante Christian Nodal- y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el lugar, entre otras razones, por haber desmontado 16 hectáreas de vegetación en zona agrícola y de conservación.

"Como si esto no hubiese ocurrido, Bandamax celebró recientemente en su portal internet la apertura de la Arena Valle de Guadalupe, prevista para finales de 2022, con capacidad para 9 mil personas, algo innovador en el estado, reporta Bandamax, 'ya que no se tiene nada de esta magnitud y siendo un lugar turístico, se tiene una gran expectativa'", alertaron.

Incluso, el Anfiteatro del Valle con capacidad para 7 mil personas organizó un concierto de Francisco Céspedes que terminó en un "after con mucho ambiente" el 14 de mayo pasado.

"En los próximos meses, el Valle va a recibir a los artistas Intocable, Los Tigres del Norte, Alejandra Guzmán, y Roberto Carlos, repartidos entre dos foros, igualmente masivos: Todos Santos Polo Club y Barón Balché; hay, pues, 4 foros de conciertos con la capacidad de acomodar, cada uno, a la totalidad de los habitantes de Guadalupe", alertaron.