Después de un largo silencio ante la crisis de derechos humanos de Nicaragua, finalmente el papa Francisco se pronunció este domingo con un mensaje de solidaridad en el que propone un diálogo para encontrar una salida pacífica a la crisis nacional.
El esperado mensaje del Papa era necesario para consolar el dolor de la Iglesia católica que sufre la persecución de una dictadura cruel, pero por su vaguedad y ambigüedad no es suficiente para devolver la esperanza a un país, que anhela recuperar la libertad y la democracia.
El Papa expresa su “dolor y preocupación”, por lo que llamó la “situación creada en Nicaragua, que involucra a personas e instituciones”, sin mencionar por su nombre a monseñor Rolando Álvarez y a los otros siete religiosos encarcelados; tampoco explica cuál es la causa de esa situación que le duele y preocupa.
Una crisis que los organismos internacionales de derechos humanos de la OEA y la ONU han calificado de “estado de excepción de facto”, impuesto desde hace cuatro años por un régimen que ha sido señalado de crímenes de lesa humanidad, con más de 300 asesinatos en la impunidad, y que mantiene a 190 presos políticos en las cárceles y ha motivado el exilio de más de 200 mil personas.
El papa Francisco también abogó para que “por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica”. Y aunque tampoco menciona quiénes serían los eventuales participantes en ese diálogo, es pertinente recordar que el ex representante del Papa en Nicaragua, el nuncio Waldemar Stanisław Sommertag, que fue expulsado por el régimen en marzo de este año, participó como testigo internacional en el último diálogo nacional que se llevó a cabo en 2019, entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En consecuencia, el Papa debe estar bien informado sobre las causas del fracaso del último diálogo, para que su nueva propuesta tenga mayores posibilidades de éxito y no se repita otra frustración nacional.
El 29 de marzo de 2019, el segundo diálogo nacional concluyó con dos acuerdos que fueron firmados por los representantes del gobierno, la oposición cívica y los testigos internacionales. En el primer acuerdo, el gobierno se comprometió a liberar a todos los presos políticos, lo cual solamente cumplió de forma parcial, porque aunque excarceló a más de 300, siempre mantuvo a 120 en las cárceles. Y dos años después, antes de las votaciones del 7 de noviembre, volvió a llenar las cárceles con la redada de líderes políticos y cívicos, entre ellos los siete precandidatos presidenciales, que han sido sometidos a un régimen de aislamiento y tortura en El Chipote.
El segundo acuerdo del diálogo nacional, firmado por el canciller Denis Moncada, es el Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, en el que el gobierno se comprometió a suspender el estado policial y restablecer todos los derechos constitucionales. Pero Daniel Ortega no solamente incumplió el acuerdo, sino que además reforzó el estado policial con nuevas leyes represivas en 2020, y encarceló a cuatro de los miembros de la Alianza Cívica firmantes del acuerdo: Juan Sebastián Chamorro, José Pallais, Max Jerez y José Adán Aguerri, que hoy son presos políticos condenados injustamente a 13 años de cárcel.
Entonces, para que se pueda producir un diálogo “abierto”, como demanda el papa Francisco, el gobierno de Daniel Ortega primero debe liberar de forma incondicional a todos los presos políticos, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, y los siete religiosos que están detenidos en El Chipote.
Y para que este diálogo sea “sincero”, como también propone el Papa, el gobierno debe cumplir con lo acordado en marzo de 2019 y ordenar la suspensión del estado policial, para que el pueblo recupere las libertades de reunión y movilización, las libertades de prensa y expresión, la libertad de asociación y la libertad religiosa, así como la autonomía universitaria.
Solamente sin presos políticos y sin estado policial será posible el diálogo “abierto y sincero” por el que aboga el papa Francisco, quien además debería contar con garantes internacionales capaces de supervisar el cumplimiento de los acuerdos. De lo contrario, si la estrategia del Vaticano es intentar apaciguar a la dictadura Ortega-Murillo, ofreciéndole el destierro o el arresto domiciliario indefinido de monseñor Rolando Álvarez, se enterrará la última esperanza en Nicaragua.
La exhortación del papa Francisco para un diálogo que permita “encontrar las bases para una convivencia pacífica”, requiere, por tanto, una hoja de ruta: 1) liberación de todos los presos políticos; 2) suspensión del estado policial, y 3) selección de garantes internacionales para supervisar los acuerdos, para culminar en la negociación de una reforma electoral que permita convocar a nuevos comicios libres.
