Uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal es combatir de manera frontal las causas y efectos de la corrupción. Sin embargo, cifras del cuarto Informe de gobierno indican que la administración está lejos de conseguir diversas metas trazadas para el sexenio sobre este tema.

El número de víctimas de actos de corrupción derivados de la arbitrariedad, el abuso de autoridad y la discrecionalidad de los empleados federales para llevar a cabo y desahogar los trámites públicos, que se mide con una frecuencia bienal, ha aumentado respecto a lo observado en la administración anterior.

Este indicador pasó de 14 mil 635 por cada 100 mil habitantes en 2017, a 14 mil 701 en 2021, lo que está lejos de la meta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de bajarla 52 por ciento para 2024, cuando espera que sólo se registren 7 mil 26 actos de ese tipo para quienes acudan a realizar personalmente trámites, pagos, solicitudes de servicios u otros ante servidores públicos.

Mejora la percepción

Según datos del Informe de gobierno, mediciones hechas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 se contabilizaron 12 mil 80 víctimas por cada 100 mil habitantes, en 2015 fueron 12 mil 590, para 2017 se registraron 14 mil 635 y en 2019 la cifra llegó a 15 mil 732.

En los anexos estadísticos consta que si bien la percepción sobre de la corrupción en el gobierno federal ha bajado respecto al sexenio anterior, al pasar de 85 por ciento de la población que la consideraba un fenómeno frecuente en 2017, a 65 por ciento en 2021 –la meta es que en 2024 disminuya hasta 43.3 por ciento–, el número de casos de corrupción no acompaña esta tendencia, pues ha subido.

Y es que aunque no se lleguen a consumar, como resultado de la interacción entre los servidores públicos y la población mayor de 18 años, que también se mide cada dos años, pasó entre 2017 y 2021 de 25 mil 541 casos a 25 mil 995.

Así, este indicador que mide “el número de experiencias de corrupción” por cada 100 mil habitantes derivado de la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios u otros realizados personalmente ante servidores públicos, está en niveles superiores a los vistos en 2013, pero abajo de lo registrado en 2015, cuando hubo 30 mil 97 casos, mientras en 2019, fueron 30 mil 456.

Con esos números aún está lejano el objetivo trazado por el gobierno de que al fin del sexenio las incidencias bajen 50 por ciento respecto a lo observado en 2017 y se llegue a 12 mil 770.

De acuerdo con el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, así como el de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, la corrupción es el principal problema del país y la impunidad su motor primordial.

Por eso se planteó que un objetivo prioritario sería enfrentar el problema. “El combate a la corrupción constituye una de las principales preocupaciones del actual gobierno, por lo que se ha propuesto como uno de sus objetivos principales erradicarla con el fin de asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente”.

El informe reporta avances en rubros como el aumento del número de funcionarios capacitados en materia de combate a la corrupción, del cumplimiento de términos legales en procedimientos de responsabilidades administrativas, entre otros puntos.