A las 12:06 inició la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se decidirá si se invalida o no la prisión preventiva oficiosa (PPO), incluida en el artículo 19 de la Constitución y en el artículo 167 Código Nacional de Procedimientos Penales, además de fracciones del artículo 5º de la Ley de Seguridad Nacional, así como del 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El proyecto que se discutirá fue preparado por el ministro Luis María Aguilar Morales, quien propone, con base en lo estipulado en tratados internacionales en materia de derechos humanos, a los que México se ha adherido, “inaplicar” el artículo 19 y, en consecuencia, invalidar todas las fracciones de cualquier ley que incluya la PPO como medida cautelar.

Para que esta propuesta prospere, sería necesario contar con una mayoría calificada de cuando menos 8 de los 11 ministros, pues es lo que prevé la Constitución para poder invalidar una norma ya vigente.

Aun cuando se apruebe la propuesta de Aguilar esto no significaría la libertad automática de todas las personas actualmente en PPO, pues el propio proyecto de sentencia señala que será el juez respectivo quien, caso por caso, resuelva si hay elementos para mantener al imputado en prisión, dependiendo de la gravedad del delito que se le acusa y la posibilidad de que huya para no enfrentar su juicio.