San Cristóbal de Las Casas, Chis. Organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes de desplazamiento en Chiapas informaron a la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary, acerca del “contexto crítico respecto al fenómeno”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), informó que también hicieron del conocimiento de la relatora “la inoperancia de los gobiernos estatal y federal, a los que les exigimos reconozcan la crisis de desplazamiento que existe en el estado y cesen la impunidad”.

El organismo dijo que de 2010 a 2022, 14 mil 476 personas han sufrido desplazamiento forzado en la entidad, provocado por “un Estado omiso, la agudización de los patrones de violencia, la ruptura del tejido social y comunitario y la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas”.

Señaló que “la presencia reciente del crimen organizado ha aumentado el control territorial y la violencia en las comunidades, lo que ha provocado también que cientos de personas huyan de sus hogares”.

El Frayba manifestó que “en 2012 se promulgó en Chiapas la Ley de Prevención del Desplazamiento Forzado y Sobre los Derechos de la Población Desplazada, la cual ha tenido serios obstáculos para ser implementada de manera adecuada”.

Afirmó que “no existe un fondo específico para su atención, además de carecer de un complemento de tipo penal que castigue a quien comete este crimen de lesa humanidad”, además de que “mandata la conformación de un Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Forzado Interno inactivo”.

Sostuvo que no existe “un reglamento que desarrolle los mecanismos ordenados por la Ley, así como un procedimiento claro para el reconocimiento del estatus de víctima del fenómeno”.

Las acciones y discursos oficiales, abundó el organismo, “niegan la existencia de un patrón grave de desplazamiento forzado en Chiapas y tratan el fenómeno como asuntos aislados”, aparte de que “el Estado mexicano no efectúa acciones para erradicar las causas del desplazamiento forzado”.

Por separado, la Secretaría de Gobierno de Chiapas informó que a nombre del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, su titular, Cecilia Flores Pérez, dio la bienvenida a Jimenez-Damary, quien arribó a la entidad para reunirse este lunes con autoridades estatales, con el fin de “evaluar la situación de los derechos humanos de desplazados internos”.

Subrayó que “el histórico encuentro (con autoridades estatales), contribuirá a articular esfuerzos para superar los retos que se identifiquen en la materia, lo cual es un tema prioritario para el gobierno estatal”.