Ante la lucha de Monsanto contra la determinación del gobierno mexicano de eliminar el uso del glifosato –principal herbicida usado en el mundo, en particular en cultivos genéticamente modificados–, “seguiremos protegiendo nuestro derecho a una alimentación libre de transgénicos, saludable y biodiversa”, aseguró María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En entrevista con La Jornada, subraya que ante la vasta evidencia científica que alerta de los riesgos en el uso de este “agrotóxico”, tanto para la salud humana como para el medio ambiente, hay alternativas.

Detalla que el Conacyt impulsa opciones agroecológicas que han demostrado que la producción agrícola “no baja cuando se prescinde del glifosato y los transgénicos, sino que puede ser mayor”.

Se creó, explica, la alianza intersecretarial –Medio Ambiente, Salud, Agricultura y Desarrollo Rural– con la que se apoyan 60 proyectos para sustituir el glifosato por bioinsumos, como bioherbicidas y fertilizantes, en cultivos de cítricos, maíz y aguacate.

En Veracruz se tiene una estrategia de producción de naranja orgánica sin uso de agrotóxicos, cuya experiencia ya se compartió con productores de Colima.

Frente a los intereses del principal promotor del glifosato en el mundo, señala, nuestro país cuenta con un marco regulatorio que incluye la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que incluye el régimen de protección especial al maíz, y la nueva Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, vigente desde abril de 2020.

La lucha contra el glifosato y el uso de transgénicos “ha sido larga, no hay que desanimarnos. Así como está la Red en Defensa del Maíz y la campaña Sin Maíz no hay País, también está la memoria colectiva, que es otro dique a esta violación”, enfatiza la funcionaria.

A pesar del amparo obtenido el pasado 14 de julio por Monsanto, adquirida por Bayer en 2018, contra la resolución que busca eliminar el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato en México, afirma: “soy optimista y estoy convencida de que el decreto presidencial, promulgado el 31 de diciembre de 2020, va y será defendido no por el gobierno, sino por el pueblo de México”.

Con una larga trayectoria científica en el estudio del impacto de los cultivos transgénicos, en particular del maíz, señala que se cuenta con toda la evidencia científica para determinar que el glifosato –principal herbicida en el planeta, desde su lanzamiento comercial en 1974 por Monsanto– es un “genotóxico y produce estrés oxidativo”.

En 2015, explica, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud incorporó al glifosato en la lista de sustancias probablemente carcinógenas para los humanos (grupo de sustancias 2A), a lo que se suma la revisión de más de mil estudios realizados por expertos sin conflicto de interés.

Especialista en genética molecular y miembro fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Álvarez-Buylla destaca que además de toda la evidencia científica recabada, el decreto emitido por el presidente López Obrador, también responde al principio precautorio y a la defensa de los derechos humanos, “porque todos tenemos derecho a una alimentación sana, sin contaminación de transgénicos ni agrotóxicos”.

Enfatiza que investigaciones como las realizadas por el doctor Andrés Carrasco, especialista en biología del desarrollo, quien demostró que el glifosato puede producir múltiples malformaciones debido a su genotoxicidad, afectando el desarrollo del tubo neurológico en embriones de vertebrados como los seres humanos, las aves, los anfibios y los mamíferos, “no se pueden ocultar, ahí están, al igual que otros muchos estudios”.

Álvarez-Buylla señala que el decreto presidencial también contempla la prohibición del maíz transgénico, pues como todos los organismos genéticamente modificados, tiene una estrecha vinculación con el glifosato, cuyo uso se incrementó en mil 500 por ciento a partir de 1996 con la comercialización y siembra de maíz, algodón y soya genéticamente modificados.