Buenos Aires., La Cámara de Diputados argentina celebró ayer una tensa sesión especial para enviar una señal de unidad política y rechazar el atentado sufrido el jueves por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un ataque del que salió ilesa pero que mantiene conmocionado al país.

“La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio. (...) Exigimos el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable, que empaña la vida en democracia. Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar los caminos que conduzcan a la paz social”, señaló el texto consensuado al último minuto entre bancadas parlamentarias y votado a mano alzada.

En medio de una rispidez política que no cede, los 50 diputados del partido conservador Propuesta Republicana (PRO), del ex presidente Mauricio Macri, abandonaron luego la sesión sin hacer uso de la palabra.

“No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más división, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar a la oposición política, Poder Judicial y los medios de comunicación”, aseveraron en alusión a los reproches mutuos sobre la supuesta propagación de un discurso de odio. Entre los opositores que permanecieron en la sesión, el diputado Mario Negri, del Partido Radical (socialdemócrata), deploró “el discurso que enuncia que el violento es el otro”. El Senado, que preside la propia Fernández, ya había condenado formalmente el atentado la noche del jueves, cuando ocurrió.

Aún con muchas interrogantes sobre las circunstancias en que se llevó a cabo el ataque en el que un hombre apuntó con una pistola a la cara de la vicepresidenta, el abogado defensor de la mandataria, Gregorio Dalbón, informó que pedirán que la causa sea calificada de intento de feminicidio.

La vicepresidenta está acusada por presunta corrupción durante sus dos periodos presidenciales de 2007 a 2015, en un juicio que la dirigente denuncia como una persecución, por lo que la Fiscalía pidió sea condenada a 12 años de cárcel e inhabilitada políticamente.

En este contexto, la sede del Partido Justicialista de La Plata fue vandalizada con pintas de aerosol en su frente y en el vidrio de la biblioteca que está en la entrada del local.

Las autoridades de la fuerza política adjudicaron el hecho a una “escalada de violencia” contra el peronismo y la vincularon con el ataque del jueves a la vicepresidenta, informó el diario argentino Página/12.