El proyecto pedagógico que redactó y ahora ensaya la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 100 escuelas y 30 entidades de la República parece haberse construido en un país lejano. Sí, contiene un resumen de algunas iniciativas gubernamentales de cambio anteriores, pero las luchas y aspiraciones de los estudiantes y maestras y maestros están completamente ausentes. No están ahí retomados o al menos reflejados los intentos de las décadas de 1920 y 1930 por partir de las comunidades para extenderse a las regiones, integrar las demandas sociales y políticas más transformadoras –reparto agrario y derechos laborales–, tampoco las luchas de los estudiantes por la autonomía de los años 20 y la exitosa experiencia de plena independencia y autogobierno, en la hoy UNAM, de 1934 a 1945.

Tampoco están las tempranas exigencias nacionales de salario y democracia sindical de 1958, ni los esfuerzos del magisterio guerrerense por añadir, desde los años 60, la búsqueda de la justicia a la pedagogía social. Había así el esbozo de un sistema educativo y, por tanto, de una educación que recuperara el ideario popular del normalismo y el espíritu comprometido de las primeras décadas. Si alguien considera que eso ya es el pasado, debe tener en cuenta que la rebelión de 2012 contra la reforma educativa arranca precisamente con esas y esos maestros del normalismo rural guerrerense y que por eso fue un movimiento que nunca se rindió, ni en Oaxaca ni en Chiapas o en Michoacán.

Y esto fue clave porque el proyecto del sexenio de Peña Nieto, en 2012, se fundaba precisamente en la creación de un nuevo y moderno estrato de docentes, a años luz de las demandas y exigencias del México del siglo XX y, por tanto, impávido ante las del siglo XXI.

El devastador enfrentamiento entre la idea autoritaria de educación y la libertaria que impulsaban los jóvenes en la década de los 60 es un ejemplo histórico que muestra en la cantidad de asesinados, desaparecidos, torturados y encarcelados que el centralismo autoritario en la educación mexicana está vigente en el 68, pero su huella también está en el Ayotzinapa de 2014-2022.

Y de ahí la importancia de, a partir de esa lección educativa, ir mucho más lejos en el proyecto actual. Porque sigue vigente la antidemocracia sindical (SNTE), las deprimentes condiciones laborales (piénsese sólo en la enorme cantidad de profesores interinos y en la ausencia de bilateralidad), y vigente la idea de que es posible educar para la paz y la justicia en medio de un río de feminicidios, asesinatos y desapariciones, es decir, que es posible educar sin que la búsqueda de la justicia sea la lección número uno de la nueva cartilla escolar. Sin ella como proyecto, además, democrático, antiautoritario y definitivamente ya no SEP-centralista, la educación tendrá un nuevo discurso, pero que sólo a medias cubre la anquilosada realidad de nuestra educación rígida y vertical y no vivificará por fin la mortecina luz que apenas alumbra a las universidades y su quehacer.

No estarán las luchas de estudiantes desde los años 90 en contra de la evaluación “científica” que decide quién y dónde merece educarse, el agravio autoritario que significa poner ahora en manos de los directivos la determinación de los requisitos que deben cumplir las y los jóvenes para acceder al “derecho” a la educación, la ausencia de la gratuidad, el llamado gubernamental a comercializar el conocimiento.

Más de un siglo después, con la SEP idéntica, le hacemos al país la misma promesa que Justo Sierra hacía en 1910. Al crear la Universidad Nacional aseguraba que nunca se la encontraría mirando a las estrellas mientras a sus pies ardía la nación. Y apenas dos meses después arrancaba la Revolución, y nada cambió.

Pero no es sólo mencionar. Es traer al presente esta historia de la posrevolución: la enorme riqueza de experiencias, proyectos y sabiduría que en educación han generado y continúan produciendo desde hace un siglo maestros, maestras y estudiantes desde innumerables movimientos sociales, demandas y protestas, experiencias comunitarias y proyectos educativos regionales concretos. Vincular el actual proyecto a la historia de la educación del país es indispensable si se quiere que algo de él sobreviva a la reacción oscura, autoritaria y corporativa que aguarda en los rincones de la SEP, pero también del SNTE y de la derecha nostálgica del pasado.

¿Quién defenderá entonces un proyecto si queda así, no más allá de los buenos propósitos? La única defensa posible es la que proviene de la historia, de las mujeres y hombres, jóvenes y niños que vean en esa propuesta sus propias aspiraciones y su propia historia. Sobrevivirá sin ser asimilada si es el rescoldo vivo de sus luchas y la decantación concreta y real de sus ideas emancipadoras de educación. Desde debajo de las piedras saldrán entonces muchas y muchos a defender algo que consideran suyo, su historia y la de los que vinieron antes.

¡Enhorabuena, trabajadores jubilados UAM! Bien, el apoyo Situam.

* UAM-Xochimilco