El poder político que genera la organización social popular puede representar un riesgo para las estructuras con intereses particulares que se han impuesto ante las lógicas comunitarias ancestrales, lo cual implica que las personas organizadas que buscan un cambio de régimen sean perseguidas y encarceladas por sus propuestas contrarias al gobierno actual. Esta situación fue y es vivida por indígenas de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
Francisco Durán Ortiz, Jaime Betanzos Fuentes, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez, Alfredo Bolaños Pacheco, Omar Hugo Morales Álvarez e Isaías Gallardo Álvarez son los nombres de siete presos políticos, indígenas mazatecos, que llevan ocho años de estar recluidos en los centros penitenciarios de Tanivet, Cuicatlán y Villa de Etla, Oaxaca, sin una sentencia hasta el día de hoy. Los hechos por los que fueron aprehendidos son los presuntos asesinatos de Manuel Zepeda Lagunas y Gustavo Estrada, un incendio y daños provocados a una propiedad privada, y los supuestos intentos de feminicidio en contra de Elisa Zepeda Lagunas y su madre, ocurridos durante una asamblea para elegir a nuevas autoridades comunitarias el 14 de diciembre de 2014 en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.
Estos hechos ocurrieron en el contexto de una disputa por el ejercicio político para “gobernar desde abajo”: entre una política partidista que únicamente busca el enriquecimiento desde la función pública y una política que busca involucrar a una colectividad e impulsar una forma de gobierno comunitaria, apelando al interés común.
A pesar de que en las declaraciones de Elisa Zepeda Lagunas y Manuel Zepeda Cortés se han señalado como responsables a los siete indígenas referidos, entre las 100 personas involucradas y en ese entonces encarceladas, el juicio que han sostenido ha demostrado su inocencia mediante la presentación de pruebas y la comprobación de la fabricación de los delitos que se les imputan. Por tanto, en la búsqueda de justicia para ellas y ellos se denuncia el tráfico de influencias y el conflicto de intereses que han violentado su derecho al debido proceso y acceso a la justicia e impedido el ordenamiento de su libertad.
Ante estas expresiones de injusticia e impunidad, el pasado 4 de julio el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, firmó un convenio con el gobierno de Oaxaca para que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) defienda a indígenas en reclusión que han sufrido violaciones a su derecho al debido proceso. Aunque este convenio representa una posibilidad para lograr la excarcelación de los siete mazatecos, que durante su proceso de búsqueda de justicia han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, no habían logrado acceder a ese recurso debido a la red de impunidad existente en Oaxaca. Sin embargo, el pasado 5 de agosto se manifestaron ante la SCJN y lograron que sus peticiones fueran consideradas por este órgano jurídico.
Recordemos que la Constitución Política del estado de Oaxaca, en su artículo 11, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tanto, en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el sistema penitenciario deberá basarse en el respeto a los derechos humanos.
La situación que enfrentan las personas indígenas es de completa indefensión, ya que las instituciones de procuración de justicia no garantizan el derecho a una defensa adecuada, con la garantía de una traducción a la lengua originaria correspondiente.
Por otro lado, el ejercicio de la prisión preventiva se lleva a cabo de manera discrecional, dando pie a su imposición y, finalmente, las relaciones de poder de diversos actores que impiden a determinadas personas acceder a la justicia de acuerdo con lo establecido en las legislaciones nacionales e internacionales. Es urgente, así, atender las exigencias de justicia que sus familiares han sostenido durante ocho años por la liberación de los siete presos políticos mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, que en su proceso se han violentado sus derechos humanos y a quienes se les ha arrebatado ocho años de vida comunitaria y de porvenir. Las autoridades del estado de Oaxaca no deberán mantenerse omisas ante éste y más casos donde no se respeten los derechos humanos de las personas indígenas, y mediante el convenio firmado con la Suprema Corte deberán garantizar la revisión correcta y una defensa adecuada para tener acceso a la justicia, reparación de los daños y asegurar la no repetición de los casos.
