De España llega la noticia, una vez más: “el precio de la luz se dispara y convierte a agosto en el mes con la electricidad más cara de la historia” (periódico El País). ¿Y cuál es la empresa que en ese país ofrece, mayoritariamente, ese servicio básico? La trasnacional Iberdrola, dueña y señora de ese mercado y cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán (con denuncias aquí, allá y acullá) califica de “tontos” a los consumidores, mientras el gobierno “socialista” de Pedro Sánchez no tiene los tamaños para meter en cintura a ese corporativo.

“La espiral alcista que atenaza desde hace meses el precio de la electricidad ha logrado una nueva infausta marca”, récord que “se produce pese al tope al gas que entró en vigor a mediados de junio, y que ahora España quiere extender a escala europea para intentar mitigar una crisis energética que amenaza con convertirse en una recesión económica. Este mecanismo ha permitido a España y Portugal reducir sensiblemente el precio de la electricidad en el mercado mayorista”, pero de todas formas se mantiene “en cotas inéditas”, detalla el citado rotativo.

¿Y a qué viene la referencia? Bueno, porque en México sí hay un gobierno con esos tamaños, pero una parte de los legisladores y no pocos jueces resultan ser meros achichincles de Iberdrola y otros grandes corporativos. El primero propone modificaciones a la ley eléctrica y no renueva contratos, los segundos (justamente calificados de vendepatrias) las rechazan para cuidar a trasnacionales como la citada y los terceros (al servicio del patrón, no de la nación) otorgan amparos a ese tipo de empresas, como si fueran caramelos, para que, sin más, continúen en operación, es decir, atracando al país y a los consumidores.

Sobran ejemplos de tal proceder, pero entre lo más resiente destaca lo siguiente: “el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) desconectó la planta de ciclo combinado Enertek, propiedad de la trasnacional Iberdrola (“campeona de los fraudes”, como el presidente López Obrador la ha calificado), pues su permiso de generación (que venció el pasado 31 de agosto) no fue renovado por la Comisión Reguladora de Energía. La central ubicada en Altamira, Tamaulipas, que operaba con el permiso de cogeneración E/36/COG/96, mantenía un contrato legado con la Comisión Federal de Electricidad, es decir, un convenio para la compraventa de energía, el cual se pactó a raíz de la reforma energética que impulsó en 2013 Enrique Peña Nieto y es anterior a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica” ( La Jornada, Alejandro Alegría).

¿Cuánto tardarán los jueces “especializados en competencia económica” y otros menesteres (léase Juan Pablo Gómez Fierro, Rodrigo de la Peza y Ramón Lozano Bernal) en amparar a Iberdrola, porque no le renovaron el contrato? Un abrir y cerrar de ojos como lo han hecho, una y otra vez, desde que el presidente López Obrador dio la instrucción de ordenar el mercado eléctrico nacional, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y proponer modificaciones legales para revertir la reforma peñanietista que sólo favoreció y fortaleció el expolio de las trasnacionales eléctricas que operan en el país.

Como lo anota la citada información de La Jornada, la central de Tamaulipas “es la segunda de Iberdrola que es desconectada, pues en enero pasado la planta Dulces Nombres, ubicada en Pesquería, Nuevo León, también concluyó su permiso para suministrar energía” … pero un juez a modo la amparó para que la reconectaran. Lo mismo sucedió cuando, en mayo pasado, la Comisión Reguladora de Energía impuso una “sanción económica” por 9 mil 145 millones de pesos a Iberdrola Energía Monterrey, filial de la trasnacional que incurrió en la venta ilegal de electricidad bajo la figura de “autoabasto” … pero un juez le otorgó una “suspensión definitiva” para que no la pague.

Por si fuera poco, los jueces, otra vez, ampararon a otro par de empresas propiedad de la misma trasnacional (ubicadas en Querétaro y El Bajío) que también venden electricidad a terceros de forma fraudulenta. Y como estos ejemplos, muchos más.

Eso sí, se retuercen cuando el presidente López Obrador denuncia que “el Poder Judicial es aún campo de corrupción”. Y peor, después de la exhibida en la mañanera de ayer.

Las rebanadas del pastel

Los cavernarios odiadores seriales de la pútrida derecha argentina han llevado las cosas al extremo de espolear un intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta de esa nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué sigue? ¿Otro golpe de Estado?