Morena y sus aliados reúnen sin problema los votos en la Cámara de Diputados para aprobar la iniciativa presidencial de militarización explícita de la Guardia Nacional. Se requiere mayoría simple, no calificada como sucede cuando se pretende modificar la Constitución.

El problema no está en el Poder Legislativo, sino probablemente en el Judicial federal: la iniciativa presidencial propone eludir la letra constitucional que establece que la citada Guardia Nacional debe ser “de carácter civil”, conforme al artículo 21, al cual deben ajustarse todas las leyes relacionadas con el tema. Si no fuera así, cualquier mayoría simple de diputados o de senadores podría alegremente cambiar leyes, aunque se ignorara o violara la Constitución, lo cual, en dado caso, debería ser dilucidado por los ministros de la Corte.

El presidente de la República carga la tinta en la hipótesis de que su textura personal puede frenar o impedir la tendencia a la criminalidad militar, por actuar en terrenos de la seguridad pública, que en otros momentos se han vivido en la nación. Pero ninguna modificación legal puede descansar en voluntarismos o prendas personales de nadie: cuando se abre la puerta, aún más, a la acción policiaca controlada por la Defensa Nacional, se da un paso que podrá aprovechar quien ocupe el poder presidencial, sea del partido que sea.

Ayer, en su cuarto Informe de labores, el político tabasqueño dio ejemplos de la manera en que el empoderamiento militar está dando buenos resultados en cuanto a recaudación en aduanas y sobre el impedimento de actos corruptos. Además, con base en lo planteado en su iniciativa enviada a San Lázaro, reiteró que no busca militarización ni autoritarismo.

“Que nadie se confunda, o se haga el que no sabe”, señaló en ese mismo informe ante invitados en Palacio Nacional, pues en su administración no hay “García Lunas”, masacres, tortura, encubrimiento ni complicidades y se combate la impunidad. Sin embargo, ha de decirse que el aparato nacional de gobierno, el federal, los estatales y los municipales, así como los poderes judiciales y las fiscalías, siguen copados por estructuras del pasado que mantienen la corrupción y la injusticia.

Los mandos militares, además, mantienen el espíritu de cuerpo y el condicionamiento de su respaldo a lo civil a cambio de la opacidad y la impunidad en “sus” asuntos castrenses. Ejemplos recientes, lo acontecido con el general Salvador Cienfuegos y su salvación de tribunales estadunidenses y la reticencia de los jefes actuales a permitir verdadero acceso a verdad y justicia (no sólo en escalones menores de mando) en cuanto a los sucesos de Iguala, con los 43 normalistas.

En ese contexto, el autor de estas líneas ha expresado oportuna y reiteradamente su oposición a esta nueva fase de la militarización del país. Al exceso de concesiones y negocios que a lo largo de esta administración federal se han asignado a las fuerzas militares se añade el intento de formalizar el encargo de la seguridad pública.

Tal objetivo va contra la Constitución, las declaraciones de campaña del ahora Presidente de la nación, las banderas históricas de la izquierda, la experiencia histórica latinoamericana y los derechos humanos y la legalidad constantemente violentados por los militares, salidos de sus cuarteles para faenas policiacas, luego de sus primeros resultados efectistas (que en este caso ni siquiera se han producido aún).

En un tema conexo: al inicio de lo que es llamado el mes patrio y con la vista puesta en lo que dirá el Presidente de la República en el desfile independentista del día 16, resulta ilustrativo escuchar a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en una reunión de jefes policiacos en Naciones Unidas: “¿Las armas las fabricamos nosotros? No. ¿Las drogas sintéticas las consumimos nosotros? No. ¿Los muertos los ponemos nosotros? Lamentablemente, sí”. Días atrás, el canciller Ebrard había hecho parecido planteamiento crítico al embajador estadunidense Ken Salazar. ¡Hasta el próximo lunes!

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