Chihuahua, Chih. El Juzgado Decimosegundo de Distrito del Poder Judicial Federal, con sede en esta ciudad, negó una solicitud de amparo a favor del ex gobernador priísta César Horacio Duarte Jáquez y en contra de la medida cautelar de prisión preventiva que lo mantiene recluido en el Centro de Reinserción Social número 1, del municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, desde el 5 de junio pasado.

Duarte continuará en prisión para enfrentar un proceso penal en su contra en el que se le acusa de los delitos de peculado y asociación delictuosa, con penalidad agravada, “entre seis y ocho meses que es el tiempo para impugnar la negativa de amparo ante un Tribunal Colegiado”, informaron los abogados defensores.

La Fiscalía de Chihuahua combatió el amparo en audiencia constitucional el 30 de agosto pasado, y la resolución del Poder Judicial Federal fue publicada al día siguiente, la cual establece que no se ampara ni protege a César Duarte por los actos reclamados, en el sentido de que la medida cautelar de prisión es proporcional.

Según la fiscalía, la esposa del ex gobernador se encuentra en calidad de no localizable y el imputado tiene medios idóneos para desplazarse por el país y fuera de él, puede evadirse de la justicia pues la posible sentencia que enfrentará, de ser encontrado culpable de los delitos de peculado y asociación delictuosa, alcanzaría 18 y nueve años de prisión.

Los abogados de Duarte defendieron que la medida cautelar de prisión preventiva es desproporcionada, y su cliente nunca se ha sustraído de la justicia, “el cambió de su residencia a Estados Unidos fue por motivos de salud, desde donde fue extraditado a México el 2 de junio pasado”.

César Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020 en Florida, Estados Unidos, enfrentó a la justicia en el estado de Chihuahua después de un proceso ante la Corte Federal del Distrito Sur de Miami, en el cual alegó sufrir persecución política.

Fue vinculado a proceso penal por los delitos de peculado y asociación delictiva, ambos con penalidad agravada, el 8 de junio, señalado por transferencias ilegales de 96.6 millones de pesos que hizo de las arcas públicas hacia sus empresas, ranchos e incluso a su cuenta de nómina personal mientras era gobernador.