¿Qué fue? ¿Cambio de ruta? ¿Acto fallido? ¿Simple traspié? Quién sabe, pero el hecho es que en la mañanera del pasado miércoles el presidente López Obrador reveló algo que ni lejanamente fue considerado y menos incluido a la hora de presentar su iniciativa de reforma a la Ley Minera –con el litio como actor central–; tampoco formó parte de lo aprobado por el Congreso en abril pasado, ni existe referencia alguna en el decreto respectivo publicado en el Diario Oficial de la Federación ( DOF).

Ese día, el diálogo entre el mandatario mexicano y los colegas se dio así: “en el caso de la empresa del Estado Litio México ¿habrá algún esquema para inversionistas privados o cómo funcionará?, preguntó una reportera, y, sorpresivamente, López Obrador contestó: “sí, es pública-privada, o sea, no nos alcanzaría para que fuese sólo pública, (porque) se requiere de bastante inversión”. Entonces, según esa versión, ¿LitioMx es una empresa público-privada?

Luego de aprobar la citada iniciativa, el Senado de la República dejó en claro que “con la reforma se declara de utilidad pública este mineral (el litio), por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia y se dispone que serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos” de dicho mineral. Mucho menos la participación público-privada.

Lo anterior quedó claramente establecido en el decreto presidencial del pasado 20 de abril, publicado en el DOF: “la presente Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus disposiciones son de orden público y de observancia en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía, salvo lo relativo a la exploración, la explotación, beneficio y el aprovechamiento del litio, que quedará a cargo del organismo público descentralizado (LitioMx) a que se refiere el artículo 10 de esta Ley… Artículo 5 Bis. Se declara de utilidad pública el litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia. Serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio… Se reconoce que el litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México”.

No hay vuelta de hoja, porque el citado decreto es clarísimo: “la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal”, es decir, LitioMx. Y de cereza subraya que este mineral ha sido “declarado estratégico por el Estado”.

Cuando menos desde febrero pasado el presidente López Obrador dejó en claro que “ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos” y en ese momento adelantó que “vamos a crear una empresa de México, de la nación, para el litio. El litio lo va a explotar la nación. Ya para que se entienda bien: no es ni siquiera del gobierno o del Estado, el litio es del pueblo y de la nación mexicana”. Entonces, ¿de dónde sale aquello de lo “público-privado”?

En paralelo, el presidente decidió que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, sea “el responsable de coordinar el proyecto de Litio México” en esa entidad, algo que no viene el caso, por mucho que López Obrador diga que “es garantía”, porque su mandato “se prolongará cuatro años más” que el del propio AMLO.

Pues bien, el gobernador Durazo ha destacado, sí, pero como mayordomo del capital privado en la entidad (Grupo México, de Germán Larrea, en primerísimo lugar, del que parece estar enamorado) de tal suerte que sus prácticas no coinciden con los objetivos de LitioMx. Además, su designación rompe con lo anunciado por el propio López Obrador, en el sentido de que la nueva empresa del Estado depende de la Secretaría de Energía, por ser cabeza de sector. Entonces, ¿para qué el nombramiento del sonorense? ¿Tres jaloneándose entre sí?

Las rebanadas del pastel

Tras una de sus tantas maniobras sucias en el Senado para imponer en la mesa directiva a uno de sus brothers, un peñanietista disfrazado de morenista, queda claro, por si alguien dudara, que el carroño Ricardo Monreal podría ser candidato de cualquiera, menos del partido principal… Y en el colmo de la desfachatez, Santiago Creel, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. La mafia de los casinos está loca de contenta.