La relación entre un cambio de régimen y los órdenes constitucionales en los que obra es compleja. La Constitución francesa de 1793, en la que la revolución encontró su mayor y más radical expresión, nunca entró en vigor. Su nombre oficial contrae la vanidad de un acto fundacional: “La constitución del año I”. Le siguieron tres constituciones (1795, 1799, 1892) hasta desembocar en el Código Civil de Napoleón (1804). Cada una cercenó derechos y libertades consagradas en la de 1793. ¿Por qué no entró en vigor? La respuesta no es sencilla: el antiguo régimen se encontraba prácticamente intacto. Y, sin embargo, su texto impregnó todo el imaginario político y social de Francia en la primera mitad del siglo XIX, y después en el espíritu que desembocaría en las revoluciones de 1848. Marx la llamó “la ofrenda más indeleble de la revolución francesa para la humanidad”. Napoleón, que siempre consideró al código “la balanza de sensatez de la locura de 1793”, lo vio como su principal legado: “Mi gloria no está en haber ganado 40 batallas. Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente, es mi Código Civil”. En principio ambos tuvieron razón. El texto de 1793 creó los lenguajes de las insurrecciones que siguieron; y el Código Civil, la lógica de la moderna razón de Estado. Aunque tocó a Marx escribir el más certero de los epitafios del primero: “Hasta ahora todas las revoluciones no han hecho más que perfeccionar la maquinaria del Estado”.
¿Cuál será el destino de la nueva Constitución chilena, que emergió de la rebelión de 2019 contra el orden neoliberal y la ominosa memoria de Augusto Pinochet, su fundador? Sin duda, ese destino es incierto. El próximo 4 de septiembre enfrentará su prueba máxima: el referendo que debe aprobarla o no. La situación no es halagadora. Las encuestas indican que el “No apruebo” mantiene una mayoría ostensible. ¿Por qué en 2020 más de 60 por ciento de chilenos votaron en favor de la necesidad de una nueva Constitución y ahora dudan sobre la consistencia de la versión que concluyó la Convención Constitucional?
La razón no es difícil de adivinar. En 2020 una amplia gama de múltiples y diversas corrientes políticas e ideológicas expresaron su repudio a la extrema derecha de Piñeira. En cambio, la propuesta actual de Constitución es un texto eminentemente orientado hacia el lado izquierdo del corazón de Chile, que fue quien encabezó la revuelta y llevó a uno de los suyos a la presidencia de la República.
Visto desde la perspectiva del texto que produjo la convención, se trata de una joya invaluable. Un texto insólito y revolucionario para el siglo XXI. Parte de seis premisas:
1) El paso de la “república democrática” a la “democracia paritaria”. Sus páginas otorgan a las mujeres una representación en todos los órganos de elección del Estado.
2) Un nuevo “Estado plurinacional e intercultural”. La Constitución define como “naciones” a 11 pueblos originarios y les concede derecho de autonomía política, muy lejos de las replicas liberales contra el derecho a la diferencia.
3) Garantiza a las mujeres el derecho a elegir el destino del embarazo.
4) Prevé el tránsito a un “Estado social y democrático de derecho”, con la intención de recobrar la dignidad social que sepultó la lógica de los mercados inscrita en la Constitución de Pinochet desde 1980.
5) Establece el “agua” como bien común e “inapropiable”, cerrando el paso a su privatización.
6) Hay también un cambio radical en el sistema político. Se cancela la existencia de la Cámara de Senadores y se sustituye con una cámara de las regiones para terminar con la simulación federativa del Senado. Es decir, cambia el concepto mismo de república.
Un gran y sorpresivo documento. Acaso, la Constitución más audaz del siglo XXI. Se trata de marcar una ruptura con el régimen que inició la dictadura y se preservó en la era pospinochetista. Cada uno de los sujetos de la rebelión de 2019 fijó su identidad en él. Y, sobre todo, conjuga el derecho a la diferencia con los que hoy demandan obreros y trabajadores, algo realmente difícil de lograr.
Sin embargo, en la virtud puede a veces encontrarse la penitencia. Someter una propuesta de esta naturaleza a un referendo (un mandato expreso desde el momento en que se inició su elaboración), que apunta a un cambio general de régimen, implica afectar los más disímbolos intereses de gente que podría estar de acuerdo con 90 por ciento del documento, pero que el desacuerdo con el restante 10 por ciento los llevaría a votar un “no”. Sobre todo, si el orden pospinochetista sigue dominando la escena.
Es el destino de las rebeliones que inauguran una época. Por algún lugar deben comenzar a traducir sus propósitos al ámbito de las transformaciones de la vida cotidiana. Aun si se trata del más inhóspito de todos. Por lo pronto se trata del comienzo de una historia que aún está por redimir el legado de Salvador Allende.
