Madrid. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideró ayer en un dictamen no vinculante que España vulneró los derechos políticos de los dirigentes separatistas del gobierno y Parlamento catalán al suspenderlos de sus funciones tras el intento de secesión de 2017.

El dictamen responde a una denuncia interpuesta en diciembre de 2018 por cuatro antiguos miembros del gobierno regional del separatista Carles Puigdemont, que entonces estaban encarcelados a la espera de ser juzgados por el referendo ilegal y la declaración de independencia de octubre de 2017.

Los cuatro dirigentes nacionalistas, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, asumieron su curul como parlamentarios, pero desde prisión, donde cumplían condena tras haber sido sentenciados por el Tribunal Supremo español por su participación en la fallida declaración unilateral de independencia.

El Comité de la ONU concluyó que el Estado español “no ha demostrado” que la decisión del Tribunal Supremo y del juez Pablo Llarena de impedir que los cuatro líderes secesionistas acudieran a recoger su acta al Parlamento cumple “con el requisito de previsibilidad”.

Critica también que una medida como ésta no cumplió “los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos”.

Ante ello, el Comité de la ONU instó al Estado español a tomar medidas e informar sobre ellas en los próximos 180 días.

El dictamen no logró la unanimidad de los integrantes del organismo independiente, ya que dos de sus miembros, José Santos y Wafaa Bassim, entienden que esa prohibición se emitió antes de que los políticos catalanes hubieran agotado la vía jurisdiccional española, y que la decisión judicial que derivó en la retirada de sus escaños forma parte de la ley española de 1988 y que fue una medida “necesaria, razonable, objetiva y proporcionada”, tomada por el juez Llarena tras “un detallado razonamiento” con las pruebas disponibles en ese momento. “No hubo arbitrariedad ni un daño irreparable por parte de los tribunales nacionales”, explican en su voto particular.

Ante la decisión del Comité de la ONU, la ministra de Transportes del gobierno español, la socialista Raquel Sánchez, se mostró dispuesta a adoptar reformas para “mejorar la legislación” y evitar así situaciones similares.

A todo esto, Instituciones Penitenciarias decidió el traslado a cárceles en el País Vasco de 13 presos de la organización armada ETA, entre ellos sus ex dirgentes Javier García Gaztelu, Txapote, condenado por una decena de asesinatos, entre ellos el del concejal Miguel Blanco, perpetrado en julio de 1997, y Henri Parot, alias Unai, quien fue condenado en 1990 por un total de 39 asesinatos. Fue uno de los autores del atentado de 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, entre ellas cinco niños.

Recibirán el mismo beneficio otros 11 reclusos etarras, en una decisión que se enmarca en la política de acercamiento de antiguos miembros de ETA, puesta en marcha por el gobierno de de Pedro Sánchez y reclamada desde hace tiempo por sus familiares.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo calificó este acercamiento de “traición” de Pedro Sánchez.

“Asesinos en serie como Henri Parot o Txapote van a cumplir lo que les quede de condena en prisiones cerca de sus familias, sin haber mostrado un ápice de arrepentimiento ni haber colaborado con la justicia jamás”, lamentó la agrupación en un comunicado.

“Es insoportable la humillación de este gobierno hacia las víctimas” de ETA, afirmó Cuca Gamarra, la numero dos del opositor Partido Popular.