El último y descocado episodio de guerra judicial y mediática en contra de Cristina Fernández de Kirchner le está haciendo pagar un costo político alto a la derecha, incapaz de calcular las reservas de energía política acumuladas en el pueblo. No es ocioso recordar la petición de la fiscalía a la acusada: 12 años de prisión e inhabilitación vitalicia para ocupar cargos públicos.
Sin que el fiscal presentara una sola prueba, la derecha pensaba quitarse de encima a la indomable lideresa popular, valladar ante sus planes de saqueo de los recursos naturales –el litio en primer lugar– y de desmantelamiento de los derechos políticos, sociales y culturales ganados durante los gobiernos kirchneristas. Planes, debe subrayarse, que son del mayor interés de Estados Unidos, como está más que demostrado, pero quedó otra vez manifiesto en la reciente declaración injerencista de Marc Stanley, embajador de ese país en Buenos Aires.
La característica más importante de los líderes de la talla de Cristina es la de hacer que grandes sujetos colectivos se sientan representados por ellos. Cuando se trata de Argentina, este fenómeno es teñido necesaria e inevitablemente por el peronismo, la identidad política que –con sus marcadas contradicciones– ha dado cauce al avance nacional hacia objetivos de justicia social, democracia, soberanía nacional y unidad latinoamericana y caribeña. Es fácil de comprender, por eso, que desde el primer gobierno de Juan Domingo Perón, el objetivo político principal de la oligarquía porteña y del imperialismo estadunidense ha sido la eliminación del peronismo, sobre todo en sus vertientes más cercanas a los anhelos populares. Para lograrlo hoy, la proscripción política de Cristina es un paso fundamental. Lo que no le pasaba por la mente a los diseñadores del fusilamiento judicial-mediático contra ella es la enorme solidaridad popular que desencadenaría a su favor.
La arremetida contra Cristina estimuló movilizaciones espontáneas en todo el país, incluso en provincias como Córdova y Rosario, sin linaje peronista. Mientras, en Buenos Aires, los autoconvocados se reunieron en la esquina de las calles Uruguay y Juncal, donde se levanta el edificio en que reside la vicepresidenta. Como afirmó Stella Calloni al reseñar el inesperado desbordamiento popular ( La Jornada, sección Mundo, 29/8), aunque lo pareciera, la gente no ha olvidado las conquistas de los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina.
Pero entonces vino el segundo y grave error desde el campo macrista. Ante la enérgica pero alegre y pacífica reacción solidaria hacia Cristina de jóvenes, ancianos, trabajadores y habitantes de los barrios desfavorecidos, el gobierno de derecha de la ciudad de Buenos Aires no encontró otra respuesta que la represión, valiéndose de su cuerpo policial. En una acción ilegal, vallaron la mencionada esquina en la madrugada de viernes a sábado y la rodearon de un grupo policial de choque, apoyado por camiones hidrantes para luego emprenderla a palos, chorros de agua y granadas de gas mostaza contra los movilizados. Lo que a su vez hizo que se incrementara la indignación de los allí reunidos y que vinieran nuevos grupos. En actitud provocadora, policías de civil tomaron fotos a los asistentes, otro acto ilegal, y hostigaron, empujaron e insultaron a legisladores y funcionarios del gobernante Frente de Todos que se habían hecho presentes. Fue probablemente su presencia y la presión ejercida por el gobierno federal lo que impidió que escalara más el incidente. No es menor el dato de los volquetes con piedras encontrados por los manifestantes ya usados por el macrismo para armar a provocadores cuando ocupaba la Casa Rosada. En esa tesitura, trascendió que el ex presidente Macri y la presidenta del PRO (partido del ex presidente derechista), Patricia Bullrich, censuraron al jefe de gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, por no haber sido más duro contra los manifestantes. No ha de extrañar entonces que, como sugirió Cristina, fuera la misma Bullrich la que al estallar la crisis de 2001 sugiriera al presidente De la Rúa declarar el estado de sitio, que –añado– llevó al asesinato de 39 manifestantes. Según confió a Página 12 un asistente al último almuerzo de los líderes del PRO (partido de Macri), Bullrich pidió represión, corchazos de bala de goma y recordó: “Como hice yo durante nuestro gobierno”. Más allá de las ambiciones presidenciales y competencia por mostrarse el más duro de Macri, Larreta y Bullrich, sus palabras no deben ser tomadas a la ligera. La situación argentina se ha tornado esperanzadora, sí. Pero falta más de un año para las elecciones. No será fácil la victoria con ajuste del FMI por más que se tomen medidas para proteger a los más vulnerables. Es indispensable conservar y potenciar la unidad y combatividad peronista impulsada por el cariño popular a Cristina y por su liderazgo.
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