Chilpancingo, Gro. Diana Yaraví Hernández Castro, madre de familia, demandó la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, debido a que "soy víctima de violencia vicaria. Estoy aquí para denunciar públicamente a Mauro Eduardo Organista García, a Ana María García Vega,y a Anacleta López Vega, quienes son violentadores contra mi hija Ireri".

Explicó en entrevista que "hace cerca de 9 años me separé del padre de mi hija, Mauro Eduardo Organista, por diferencias irreconciliables, entre las que destacan su enfermizo apego materno y su eterno desempleo. Tenemos una hija, Ireri, de la cual yo ostento la guarda y custodia; nuestra hija Ireri, vivía conmigo en Atoyac de Álvarez y durante todo ese tiempo, él se desatendió de sus obligaciones económicas, pero gozaba de sus derechos parentales al convivir con ella en fines de semana y vacaciones".

El 07 de julio de 2017 "Mauro Organista recogió a mi hija para convivir en las vacaciones de verano. Mi hija tenía 7 años y hoy tiene 12, y desde entonces no la volví a ver; él la sustrajo, se la robó".

Desde entonces "me la he vivido entre denuncias, demandas, amparos, juicio, quejas, y abogados. Pero lo peor de todo, es que se ha impedido en todo momento la convivencia con mi hija por parte del padre, Mauro Eduardo Organista, y la abuela paterna, Ana María García, quién es abogada jubilada en el Tribunal Superior de Justicia".

Ahora se jacta de contar con el apoyo de Anacleta López Vega, nueva subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del gobierno estatal, “por eso le pido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que como madre que es intervenga y me ayude a que mi hija regrese conmigo".

También le "pido a la gobernadora Evelyn Salgado, que intervenga ante Ancleta López, tomando en cuenta que es parte de su equipo de trabajo, para que no intervenga en un caso como este, en el que está de por medio la integridad y el futuro de mi hija".

Recordó que en septiembre de 2017 denunció ante el MP de Atoyac, "al papá de Ireri por sustracción de menores; ahí violentaron mis derechos humanos y de mujer, fui objeto de violencia institucional, ya que en lugar de entregarme a mi hija una vez que su padre la presentó, fui juzgada, lo cual no es competencia de los ministerios públicos. La abogada Anacleta López, tuvo mucho que ver en el actuar de estos funcionarios y funcionarias".

En 2018 "levanté una demanda en el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guerrero. El juicio fue por hechos de violencia familiar, ya que el papá impide a toda costa que yo conviva con mi hija".

Pasaron siete meses para verla nuevamente, "por un lapso de 20 minutos, el día que ella fue escuchada, y fue hasta noviembre de 2020 que pude convivir unos minutos con ella. Desde la demanda en 2018 y hasta que la vi por primera vez en noviembre de 2020, él, la abuela paterna y la abogada defensora se dedicaron a promover amparos, quejas".

En junio de 2019 se decreta la convivencia por parte de la jueza "y no es hasta el 27 de noviembre de 2020 y sólo tras los apercibimientos que iban desde amonestaciones económicas hasta el arresto policíaco, mismo que libró gracias al actuar de la abogada Anacleta López, toda vez que ella colaboró en la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, que la presentaran en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada Guerrero (CECOFAM)".