Cuarenta años atrás, en medio del caos político, el relevo en Los Pinos y una crisis económico-financiera de proporciones históricas, José López Portillo expropió la banca privada (alrededor de 64 instituciones, de las que permanecieron 18) y acuñó una de sus frases que con el paso del tiempo no soportó prueba alguna: “ya nos saquearon, no nos volverán a saquear”. Y remató con lo siguiente: “puedo afirmar que en unos cuantos, recientes años, ha sido un grupo de mexicanos, sean los que fueren, en uso, cierto es, de derechos y libertades, pero encabezados, aconsejados y apoyados por los bancos privados, el que ha sacado más dinero del país que los imperios que nos han explotado desde el principio de nuestra historia”.
Los mismos que ese primero de septiembre de 1982 ovacionaron a JLP hicieron lo propio cuando pocos meses después Miguel de la Madrid (primer sexenio neoliberal) devolvió a los expropiados un cúmulo de activos no bancarios (más de 300 corporativos con participación accionaria de los bancos, entre ellos mineros –Grupo México, de Larrea, por ejemplo–, aerolíneas, casas de bolsa, Kimberly Clark –de Claudio X. González– y muchos más) y emitió los bonos de indemnización bancaria, con los que los expropiados se recompusieron de inmediato. Además, devolvió a los barones del dinero 34 por ciento del capital bancario expropiado, a través de los Certificados de Aportación Patrimonial, que desataron otra fiebre especulativa.
Pero la “cortesía” no quedó ahí: de la Madrid impulsó y protegió la banca paralela (casas de bolsa) puesta en marcha por los expropiados, amén de que les creó el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca, un adelanto de lo que sería el Fobaproa), dedicado a subsidiar dólares baratos, con fondos públicos, para consumo exclusivo de las empresas privadas (por cierto, el director de ese mecanismo fue Ernesto Zedillo).
Los banqueros expropiados por JLP no sólo recuperaron con creces lo que fugazmente pasó a ser propiedad del Estado, sino que fueron los consentidos del régimen neoliberal. De hecho, Carlos Salinas de Gortari dio el paso definitivo: reprivatizar (1991-1992) las 18 instituciones bancarias sobrevivientes de la expropiación de 1982, que quedaron en manos, mayoritariamente, de especuladores bursátiles que las exprimieron y quebraron, sólo para que entrara en acción un mecanismo creado por el propio CSG (Fobaproa) y ejecutado por Ernesto Zedillo, ya como inquilino de Los Pinos.
Por cierto, 24 empresarios, casabolsistas y ex banqueros que formaron parte de la Comisión (priísta, desde luego) de Financiamiento de la Campaña Presidencial de Salinas de Gortari (creada en noviembre de 1987), terminaron siendo los dueños o codueños de la banca reprivatizada y de prácticamente todas las empresas paraestatales privatizadas. Y aquellos que no cupieron en el paquete recibieron autorización gubernamental para operar un nuevo banco.
Lo que a principios de 1995 Miguel Mancera Aguayo, entonces gobernador del Banco de México, anunció como “un apoyo temporal” del gobierno federal a la banca privada, “por un monto no mayor a 50 millones de dólares”, Ernesto Zedillo lo convirtió, por medio del Fobaproa, en un descarado cuan ilegal “rescate” de los beneficiarios de la reprivatización salinista que sumó alrededor de 120 mil millones de dólares; factura que, sin más, trasladó a los mexicanos. Y los mismos que aplaudieron como focas a JLP por la expropiación, a Miguel de la Madrid por la “devolución” y a CSG por la reprivatización, hicieron lo propio por el “rescate” zedillista.
El propio Zedillo fue el padre de la extranjerización del sistema bancario otrora mexicano (ya “saneado” y limpio de deudas, porque, vía Fobaproa, decidió que éstas las pagaran los mexicanos, quienes hasta ahora han cubierto un billón de pesos y les falta otro tanto; mientras, los banqueros privados acumulan utilidades netas por casi 2 billones de pesos). De pilón, en diciembre de 1998 priístas y panistas “legalizaron” el atraco con la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
En pocos años, las trasnacionales financieras engulleron a los bancos reprivatizados por Salinas y “rescatados” por Zedillo. Se quedaron con 80 por ciento del mercado. Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto siguieron por esa misma ruta, libre de impuestos, desde luego.
Las rebanadas del pastel
En síntesis, cuatro décadas y los banqueros expropiados y las trasnacionales financieras nunca han dejado de saquear al país.