A las múltiples responsabilidades partidistas y de gobierno que ha cumplido en su ya larga vida política, Alfonso Durazo Montaño suma desde ayer la de coordinar las tareas relacionadas con la nueva empresa federal LitioMx.

No es común que un gobernador acepte una responsabilidad distinta a aquella para la que fue electo y a la cual, teóricamente, debería dedicar su atención por completo: 7/24, como suele decirse. Pero Durazo ha sido comisionado para tareas de índole minera porque en Sonora está uno de los yacimientos más importantes de litio del mundo (según las estimaciones de Mining Technology), concesionado en 2013 a firmas extranjeras (con Peña Nieto en Los Pinos); primero a la anglocanadiense Bacanora Lithium, que luego ha vendido el control a la china Ganfeng Lithium (https://bit.ly/3R3y1Oi), todavía con ciertos pasos procesales para estar en condición de despegar el Proyecto Sonora Lithium.

El superyacimiento está en el municipio de Bacadéhuachi (979 habitantes, conforme al censo de 2020). Ahí, las firmas extranjeras poseen siete concesiones, que vencerán en 2065, con derecho a otros 50 años de explotación de litio (es decir, hasta 2115). Parte de esos terrenos, “afectados por la actividad del crimen organizado”, fueron comprados en 1990 por investigadores estadunidenses.

En 2010 el dueño era un particular, que a extranjeros vendió los terrenos en unos 490 mil pesos, al tipo de cambio del dólar en esa fecha, y la original empresa Bacanora fue traspasada por aproximadamente 7 millones de pesos. Ahora, el negocio estima ganancias de miles de millones de dólares (varios datos han sido tomados de las notas del reportero Braulio Carbajal, de La Jornada: https://bit.ly/3czn5sO y https://bit.ly/3R2ijTB).

Las modificaciones a la Ley Minera de México, impulsadas por el presidente López Obrador, y la nueva regulación (que no nacionalización) en materia de litio constituyen un avance notable en cuanto a confirmar la propiedad de la nación mexicana sobre sus recursos estratégicos, pero se topa con los derechos adquiridos de firmas extranjeras con concesiones vigentes, aunque sujetas a revisión.

Es de suponerse que Durazo no será el director general de LitioMx, nombramiento que en su oportunidad hará el consejo de administración, presidido por quien ocupe la Secretaría de Energía. Pero también es de suponerse que el gobernador de Sonora será una especie de supervisor presidencial de lo que suceda en ese terreno, donde se mezclan política, diplomacia, geopolítica y economía.

En otro tema: murió Ezequiel Mora Chora, padre del único estudiante de Ayotzinapa identificado como fallecido, Alexander Mora Venancio (de quien se sembró un resto óseo en un río para luego “identificarlo” y a partir de ahí “fundamentar” la verdad histórica de Cienfuegos, Murillo y Peña).

Mora Chora murió en apariencia de un infarto cardiaco, en un contexto surrealista: el empresario Pedro Segura Valladares, un personaje de la oscuridad guerrerense, aliado y aplaudidor del cacique siniestro Rubén Figueroa, maniobró para conseguir que ocho padres de desaparecidos de Ayotzinapa participaran en una marcha pública en demanda de que sean liberados José Luis Abarca, quien era presidente de Iguala en la noche trágica, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, presos bajo acusaciones por hechos ajenos a los 43.

Segura Valladares (quien fue candidato a gobernador de Guerrero en 2021, por PT y PVEM) hospedó en su hotel Vida en el Lago a los padres (cuyo apoyo a Abarca fue rechazado ayer por sus similares) y ahí murió Mora Chora. La marcha pro libertad de Abarca, a la que asistieron más de mil personas, concluyó en la plaza Galerías Tamarindo, negocio de los Abarca, beneficiados por la donación de 5.2 hectáreas que en septiembre de 2005 hizo ¡la Sedena! para que se construyeran “tanto el Periférico Oriente de Iguala como áreas verdes que años después serían la entrada a Galerías Tamarindos” (https://bit.ly/3AzyVeq). ¡Hasta mañana!

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