Hoy, 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, es una fecha sumamente importante que resalta la preocupación mundial en este tema y que reviste una relevancia particular en países como México, que enfrenta una crisis por esa grave violación de los derechos humanos, la cual causa un extraordinario sufrimiento a las víctimas y sus familias, y perjudica a la sociedad en su conjunto.
En mayo de este año, México rebasó el universo de más de 100 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas. Se trata de vidas truncadas, seres humanos cuya suerte y paradero desconocemos y cuyas familias anhelan que vuelvan a sus hogares.
En este día, es propicio recordar el mensaje que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, envió en mayo pasado a las víctimas, cuando transmitió su “profunda solidaridad a los familiares de las víctimas que anhelan reunirse con sus seres queridos, los buscan incansablemente y siguen luchando por la verdad, la justicia y las garantías de que esto no vuelva a suceder”.
Al admitir que la desaparición de personas constituye una grave violación a los derechos humanos que amerita ser enfrentada, el actual gobierno federal ha reconocido una realidad denunciada desde hace años por las víctimas y ha adoptado medidas concretas, principalmente en el nivel federal, las cuales aguardan ser profundizadas y extendidas a otros ámbitos de gobierno.
A la par de haber cruzado tan doloroso umbral del número de víctimas, en los últimos 12 meses se materializó la visita del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, empezó a funcionar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y centros de identificación humana que apoyan a las fiscalías en distintos estados, se instaló una comisión de la verdad para abordar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, se aprobó unánimemente la reforma legislativa que creó el Centro Nacional de Identificación Humana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente importante en el caso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, desaparecidos forzadamente desde hace más de 15 años en Oaxaca. Finalmente, es pertinente destacar la reciente publicación del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, cuyos esfuerzos para esclarecer y sancionar a los presuntos responsables continúan, además de revelar patrones relevantes para otros casos.
Se trata de un esfuerzo de Estado, apoyado por diversos sectores, y de medidas importantes que las agencias de Naciones Unidas en el país hemos acompañado, gracias a la apertura y confianza de las víctimas y de actores del Estado. Además, desde una perspectiva integral y multisectorial, continuamos apoyando los esfuerzos nacionales para responder a las causas estructurales de los distintos tipos de violencia, incluyendo contra mujeres, personas defensoras y periodistas, migrantes, solicitantes de asilo y desplazadas internas.
Así como destacamos estas acciones, a la vez urge adoptar acciones y herramientas efectivas para avanzar con pasos decididos en el combate de la alta tasa de impunidad ante la desaparición de personas. La impunidad es la deuda más grande con las víctimas y superarla es tarea de los poderes del Estado en conjunto.
Hoy refrendamos este mensaje y renovamos el compromiso de acompañar a México en sus esfuerzos para prevenir y combatir esta grave violación de los derechos humanos, colocando al centro a las víctimas y sus familias, para juntos avanzar en el camino de la búsqueda, la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, y con ello contribuir a construir una sociedad más pacífica e inclusiva.
