Ciudad de México. Luis Carrión, uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista, salió de su país en junio del año pasado, luego de que fueran aprehendidos cinco aspirantes a la presidencia, dos exguerrilleros históricos y otras figuras de la oposición.

Desde el exilio, comparte su pesimismo: el estado policial impuesto por la dupla Ortega-Murillo ha logrado imponer el terror y los opositores, sin una dirección centralizada, poco pueden hacer. “En el corto plazo, francamente no veo una salida”.

“En el mediano y largo plazo, estoy convencido, este régimen no se puede sostener. Por un lado, Nicaragua no es una isla, y por otro, tampoco tiene los recursos petroleros de Venezuela”.

En una conferencia virtual organizada por la Fundación Pablo Iglesias (ligada al PSOE) y la Alianza Progresista de las Américas (APLA), Carrión aseguró que dentro del propio régimen que encabezan Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, existen “fisuras”, pues incluso los altos funcionarios “son controlados”, no pueden salir del país sin autorización expresa, además de que muchos se sienten agraviados por el hecho de que la represión haya alcanzado a la iglesia católica.

“Este régimen no es monolítico, porque además no está pegado por una ideología ni por convicciones políticas, está pegado por la corrupción, por las prebendas. El lenguaje revolucionario no es más que una careta, una coartada para cubrir la naturaleza mafiosa del régimen”.

Carrión fue el segundo comandante en jefe del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS), sólo bajo el mando de Humberto Ortega, y por encima del mítico Tomás Borge.

Carrión y Héctor Mairena, también dirigente del Partido Unamos, hicieron un recuento de la crisis y la represión ocurrida desde 2018, año en que las protestas contra Ortega se saldaron con “más de 300 muertos, mil heridos y 600 presos”.

Para Carrión, un dato sintetiza la tragedia nicaragüense: en 2017, mil ciudadanos de ese país fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos; en 2021, la cifra creció a 75 mil.

Ambos dirigentes hicieron un llamado a los gobiernos y fuerzas progresistas de América Latina a dar la espalda a Ortega. “Las fuerzas que en sus países luchan por las libertades democráticas no pueden respaldar a un régimen criminal y totalitario”.