Ciudad de México. Con la decisión de los magistrados de la Segunda Sala Penal del Poder Judicial capitalino que frena la pretensión de Guillermo Zayas González, ex director de la UNIPOL, de que prescriba la acción punitiva, por los 12 homicidios ocurridos en junio de 2008 durante un operativo fallido que encabezó en la discoteca News Divine, se repondrá todo el procedimiento, afirmó Teófilo Benítez.

El abogado de los familiares de las víctimas destacó que este fallo, de segunda instancia, es de suma relevancia pues evita que el principal implicado quede impune y fuera de todo castigo, pues es el único que a 14 años de distancia no ha sido sentenciado.

Además solicitará al Consejo de la Judicatura determinar si la jueza 19 penal, Beatriz Corona Valdez, incurrió en una irregularidad al decretar la extinción del delito sin considerar las observaciones, comentarios y planteamientos de los padres de los jóvenes.

El artículo 107 del Código Penal para la Ciudad de México establece que los plazos para que opere la prescripción se duplicarán respecto de quienes estén fuera de la Ciudad de México, donde ocurrieron los hechos.

Zayas González presentó ante el Poder Judicial un domicilio con residencia en Tlalnepantla, estado de México, por lo que la prescripción debería surtir efecto hasta el 13 de julio de 2023, para que esos hechos no queden impunes.

Los familiares de las víctimas se percataron a tiempo que la jueza decretó la extinción del delito, y “este fallo nos permite continuar con el juicio y concluirlo, que no haya impunidad y sí justicia, la cual se les ha negado a los padres de los jóvenes, por funcionarios corruptos como el alcalde de Gustavo A Madero, Francisco Chíguil, quien permitió la apertura de dicho lugar”

Los magistrados dejaron insubsistente todo lo actuado e hicieron patente que esa decisión se basa en gran medida en que no se tomó en cuenta a las víctimas, “ya que nunca se les dio vista con la petición, ni se brindó la oportunidad de expresar lo que a su derecho conviniere, antes de emitir dicha resolución”, puntualizó.

Mencionó que, en el pliego judicial subrayaron que el Estado debe garantizar, que las víctimas tengan y puedan acceder a la justicia, por lo que a efecto de no vulnerar este derecho, se les debe dar oportunidad para que expresen lo que a su derecho convenga, en relación a la prescripción solicitada por la defensa del procesado.