Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México señaló que las autoridades deben guiar sus acciones a favor del reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, la eliminación de los mecanismos de sustitución de la voluntad y el desarrollo de apoyos para la toma de decisiones.

Además de crear sistemas de apoyo comunitario y servicios generales inclusivos que aseguren la autonomía y autodeterminación de este grupo considerado de atención prioritaria.

El poder de decidir está en cada persona con discapacidad y éste será la llave al ejercicio pleno de todos sus derechos, afirmó Brisa Solís, directora de Promoción y Agendas en Derechos Humanos de la CDHCM.

En el Foro: “Decidir es un derecho de todas y todos. Hacia el reconocimiento de la capacidad jurídica universal”, la presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación local, Geraldina González de la Vega, explicó que es urgente derogar el sistema de interdicción de todos los códigos civiles.

Se trata, argumentó, de sistema violatorio de los derechos humanos, además de inconstitucional.

El reto es cómo diseñar el sistema de apoyos y el sistema de cuidados en los cuales se tome en cuenta los distintos contextos de las personas, es decir, construir un sistema libre de discriminación y prejuicios, señaló.

La co fundadora de Yo También, A.C., Katia D’Artigues, sostuvo que es necesario dejar a un lado el paternalismo y respetar la autonomía de todas las personas para tomar las decisiones de su vida.

El Foro es un espacio que pretende desterrar miedos y resistencias en esta materia; y se deben considerar las diferencias entre asistencia personal y sistema de cuidados, dijo.

La directora del Instituto de las Personas con Discapacidad, Ruth López, destacó que con el reconocimiento de la capacidad jurídica que tienen esta población, se deben abrir las puertas para ejercer todos sus derechos sin alguna limitación.

El secretario Académico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ismael Eslava, sostuvo que con frecuencia a las personas mayores y con discapacidad se les niega el derecho a su capacidad jurídica.

Con ello se les despoja de decidir libremente sobre su propia vida, sujetándolas a disposiciones de terceros que no siempre actúan a favor de sus intereses y dignidad.

Aseguró que es obligación de los países proporcionarles lo necesario para ejercer su capacidad jurídica, como apoyo entre pares, espacios con diseño universal, medidas de accesibilidad y métodos de comunicación diferentes, entre otros.