Casos considerados históricos, como las masacres de migrantes ocurridas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, que tuvieron en conjunto más de 260 víctimas, y la ejecución de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León, en 2012, presentan avances sustanciales con la obtención de sentencias condenatorias en 24 expedientes y la identificación de víctimas, afirmó Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).

En entrevista con La Jornada, la funcionaria señaló que con la transformación de Procuraduría General de la República a fiscalía, y bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, ahora trabajan “centrados en que cada carpeta o denuncia avance con las diligencias que sean necesarias y no estar perdiendo el tiempo”, por ello se han puesto en marcha nuevos mecanismos de investigación en casos de personas reportadas como desaparecidas, al igual que en las denuncias por los delitos de tortura y violaciones a derechos humanos.

–¿Cuántos casos tiene en integración por desaparición forzada?

–Aproximadamente mil 700, entre carpetas y averiguaciones previas. En esta administración estamos enfocados en el análisis de cada caso y cuáles son en los que existen elementos para consignar, aunque hay expedientes que tienen 10 años o más.

“A partir de la Ley de Desaparición Forzada (cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2022) nos amplió la facultad para investigar y trabajar de manera más cercana con los colectivos que buscan desaparecidos en toda la República, y de esa manera revisar si es posible atraer los casos, porque los familiares han señalado que la autoridad local es la que está involucrada en estos delitos.

“Cuando se trata de asuntos que son totalmente de correspondencia local se envía un ministerio público para que revise la carpeta y damos una opinión técnica y también trabajamos en colaboración con las autoridades estatales.”

Entrevistada en su despacho, Herrerías Guerra, quien se ha desempeñado como titular del área encargada de derechos humanos desde 2016, comenta que su fiscalía indaga casos que cimbraron a la opinión pública, como las masacres ocurridas en los municipios de San Fernando y Cadereyta, que en su momento estaban en manos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

“Creamos una sola unidad para que investigue esos casos y en estos trabajos se han sumado a las antropólogas forenses argentinas y miembros de la Fundación para la Justicia, lo cual ha permitido avanzar en la identificación de las víctimas.

“En el caso de Cadereyta, donde anteriormente no se había realizado ninguna consignación, se han obtenido órdenes de aprehensión.

“De 2019 a la fecha hay ya 24 sentencias condenatorias obtenidas por esta fiscalía. Además existen siete indagatorias en curso.

“También tenemos otras carpetas de investigación por casos de secuestro en contra de migrantes, en total se desahogan 893 carpetas de investigación por desaparición, pero existen más de mil averiguaciones previas que vienen de administraciones anteriores que no han podido concluirse.

“Al mismo tiempo estamos trabajando de manera más dinámica las carpetas del nuevo sistema de justicia en casos de tráfico de migrantes, de secuestro de migrantes, se están judicializando día con día y ya hay resultados en cuanto a los procesos instaurados”.

–¿Cuántos casos de feminicidio atiende la FGR?

–El delito de feminicidio es muy difícil que sea competencia federal porque tiene que ser cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. El problema radica en las facultades de atracción.

“En la nueva ley de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas no quedó con ninguna facultad para atraer delitos del fuero común, y el único caso que se investiga en ese contexto es el de Carla Póntigo, de San Luis Potosí”, explicó.

–¿En materia de derechos humanos, cuáles son los delitos que más le toca conocer?

–La mayor parte de denuncias tienen que ver con casos de desaparición y secuestro, en este caso se relacionan con tráfico de migrantes.

“Uno de los casos que estamos indagando es el accidente ocurrido en el estado de Chiapas, en el que fallecieron 56 migrantes. Los casos han aumentado, considero que ello se debe al incremento de las caravanas de migrantes. En este caso ya hay órdenes de aprehensión y queremos llegar a los verdaderos responsables.”