Ciudad de México. El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) sugirió a los directivos y consejeros de este organismo generar una metodología “para hacer más eficiente, eficaz y transparente” su proyecto de gasto, con el fin de “trascender las inercias hasta ahora registradas de sobrepresupuestación”, así como para ser una institución “empática” con la demanda del ejercicio racional de recursos públicos, se lee en un informe de 193 páginas elaborado a la par del anteproyecto de presupuesto 2023.

Durante el lustro 2018-2022, el INE ha solicitado 81 mil 358.5 millones de pesos. Si se le compara con otras instituciones, el presupuesto de la UNAM para este año es de 48 mil 802 millones; igualmente, correspondería a casi 10 años del gasto de la UAM, que cuenta ahora con 8 mil 138 millones. El presupuesto del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es de mil 27 millones este año, y el de la Secretaría de Cultura, de 15 mil millones. Asimismo, la petición del INE equivaldría a casi cuatro años de recursos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene 21 mil 196 millones.

El INE tiene para 2022 un presupuesto general de 18 mil 827 millones, y para el año entrante pide 14 mil 437 millones para gasto, más 4 mil millones como cantidad “precautoria”, por si le toca organizar una consulta ciudadana.

Al menos la mitad de todo el dinero entregado al árbitro electoral –ya descontando los recortes aplicados por la Cámara de Diputados– sirve para fondear sueldos y otras obligaciones laborales para una plantilla de alrededor de 18 mil trabajadores, incluida aquí la estructura de asesores para cada consejero, algunos con salarios netos de hasta 108 mil pesos mensuales.

Las autoridades del instituto suelen argumentar que los beneficios laborales están amparados por la Constitución y las leyes; también aducen que se trata de personal especializado y que los recursos públicos otorgados significan un porcentaje mínimo dentro de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De acuerdo con el compendio del OIC, la mayor parte de los gastos redundan en el peso de la nómina; por ejemplo, el fondo para mejorar los módulos de atención ciudadana recibió este año apenas 12 por ciento de lo que obtuvo el fideicomiso laboral.

El informe incluye una amplia lista de partidas de este año, por citar unas cuantas: 2 mil 26 millones de pesos para “compensación garantizada”, 808 millones para “gratificación de fin de año”, 131.6 millones de “cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil” y 306.9 millones como “cuotas para el seguro de separación individualizado”.

Además, 31.1 millones como “asignaciones adicionales al sueldo”, 10.6 millones como “prima quinquenal por años de servicios prestados”, 43.8 millones de “depósitos para el ahorro solidario”, 4.2 millones para “gastos para alimentación de servidores públicos de mando” y 846 mil pesos para “viáticos en el extranjero”, así como 756 mil pesos para pasajes aéreos internacionales para servidores públicos.

También en el presupuesto aprobado se lee: 4.8 millones para congresos, 10 millones para pago de “otras asesorías para la operación de programas”, 1.3 millones para aplicación de pruebas covid y 486 mil pesos para “artículos deportivos”.

Subejercicio

El documento firmado por el titular del OIC, Jesús George Zamora, hace énfasis en que el INE debe pedir recursos “estrictamente necesarios”, debidamente sustentados con las memorias de cálculo y con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

El OIC detalla variaciones en distintas áreas del INE, por lo cual han debido hacerse constantes devoluciones a la Tesorería de la Federación; también menciona ahorros y economías en 94 por ciento de los proyectos del organismo. A la vez –pese a recortes– no ha dejado de hacer aportaciones por más de 2 mil 166 millones de pesos, en ese lustro, a los fideicomisos institucionales.

Al mismo tiempo, el consejo general del INE aprobó para el año en curso la apertura de 36 plazas, entre ellas 14 de mando superior, así como el aumento de 116 a 138 proyectos originales.

El OIC advierte que el INE no ejerce la totalidad de los recursos aprobados año con año en los capítulos de gasto.

“En conclusión, es indispensable generar decisiones presupuestales sólidamente respaldadas por elementos técnicos y metodológicos y con el más amplio soporte documental que permita a la sociedad constatar la razonabilidad de cada peso solicitado por el INE”.