Lima. El presidente Pedro Castillo remplazó ayer la cúpula de la Policía Nacional de Perú (PNP), dos semanas después de que efectivos anticorrupción y fiscales allanaron, con autorización de un juzgado, la sede de gobierno en búsqueda de la investigada cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, por supuestos actos de corrupción.

Un decreto firmado por el mandatario y el ministro del Interior, Willy Huerta, designó al general Raúl Alfaro, comandante de la PNP, en sustitución de Luis Vera. También designó a los generales Vicente Álvarez y Segundo Mejía, respectivamente jefe de Estado Mayor e inspector general, cargos dos y tres en la jerarquía policial.

Castillo calificó de “ilegal” el allanamiento del palacio de gobierno, realizado el pasado día 9, cuando equipos policiales y fiscales buscaron durante varias horas a Yenifer Paredes, acusada por el Ministerio Público de formar parte de una red de corrupción supuestamente liderada por el propio mandatario y su esposa, Lilia Paredes, según la fiscalía.

Ahora, el jefe del Ejecutivo federal busca destituir al coronel Harvey Colchado, quien dirigió el operativo, por considerar que “vulneró” la inmunidad presidencial.

La representante del Congreso, Lady Camones, opinó al respecto de los cambios policiales y aseguró que el presidente Castillo “incurre en un nuevo acto de abuso de poder en nuestra policía, sin aún entender que las instituciones están al servicio del país y no para la defensa de propósitos personales del mandatario”, tuiteó.

Huerta será invitado a la Comisión de Defensa la próxima semana “para que dé cuenta de los motivos que dieron origen a estos cuestionados cambios”, informó Camones.

No obstante, Abel Gamarra, viceministro de Orden Interno, sostuvo que se trata de “un cambio natural porque hubo un relevo de ministro” del Interior.

“No se ha violado lo que dice la norma” sobre los requisitos para los nombramientos y “no se está atropellando al comando policial”, aseguró Gamarra en entrevista con el programa de radio RPP.

Esta controversia es la segunda que afronta Castillo por sus nombramientos de los mandos de seguridad. En enero debió elegir un nuevo jefe de gabinete y equipo ministerial, tras una presunta corrupción en los ascensos en la policía y las fuerzas armadas.

Esas promociones son investigadas por el Ministerio Público, que presume que Castillo y el ex secretario de la Presidencia Bruno Pacheco incurrieron en tráfico de influencias.

El mandatario es objeto de seis investigaciones en la fiscalía, algo inédito en Perú, por delitos como organización criminal, cohecho, obstrucción de los actos de justicia y plagio.