En México hay más de 2.5 millones de personas trabajadoras migrantes agrícolas, de las cuales alrededor de 13 por ciento son mujeres. Sumado a lo anterior, cerca de 250 mil migran por temporadas para trabajar en la industria agrícola en Estados Unidos. Las y los trabajadores migrantes agrícolas son un sector históricamente vulnerado y que vive y trabaja en condiciones de gran precariedad en el país.
Generalmente las mujeres enfrentan peores condiciones que los hombres debido a que sufren violencias, discriminación, acoso sexual en los lugares de trabajo, dobles o triples jornadas por la labor de cuidados no remunerado y, en muchos casos, la completa invisibilización de sus contribuciones al mundo laboral. A pesar de jugar un rol importante para la industria agrícola, sólo tres de cada 10 mujeres trabajadoras migrantes agrícolas reciben pago por su trabajo; 93.4 por ciento carece de contrato; 90.9 por ciento no cuenta con acceso a instituciones de salud y 85.3 por ciento no cuenta con prestaciones laborales, según revelan cifras de 2020 de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
En el contexto laboral, en los corredores migratorios entre México y Estados Unidos, las mujeres son discriminadas y carecen de igualdad de oportunidades para migrar de forma regular a través del esquema de visas H-2A, de las cuales apenas se les otorga 6 por ciento del total. De acuerdo con un informe del Centro de los Derechos del Migrante sobre el acceso a este programa, en muchas ocasiones, las mujeres no son reclutadas para las labores agrícolas o son contratadas en términos menos favorables que los hombres, e incluso en algunos casos empleadores y reclutadores prohíben explícitamente contratarlas.
A pesar del panorama que presentan estos datos, estas mujeres desempeñan un papel crucial en la transformación de esta industria y son agentes de cambio en sus familias y comunidades. Por esto, el Proyecto Periplo, conformado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos e impulsado por la Fundación Avina, ha lanzado la campaña #EllasHablan, un esfuerzo para amplificar y reconocer las historias de 10 mujeres trabajadoras agrícolas de toda la nación. “Yo levanto la voz por todos mis compañeros jornaleros que hemos migrado. Pues, para que ya termine todo esto, para que ya nos paguen y nos den un salario mínimo”, dice Rosalba Gabriel, de la comunidad de Joya Real, Guerrero.
Las protagonistas de la campaña presentada por Proyecto Periplo son mujeres que provienen, en muchos casos, de comunidades de distintos estados, como Guerrero, San Luis Potosí y Baja California, pero que comparten problemas comunes, como falta de servicios de salud, educación u oportunidades laborales. Estas son sólo algunas de las condiciones que las han obligado a migrar para trabajar en los surcos, una actividad que en ciertos casos lleva varias generaciones dedicándose a cosechar jitomates, pepinos, coles y berries de distintos tipos, en campos de México y Estados Unidos.
Por ejemplo, Ermelinda, protagonista del primer video de la campaña, nos cuenta cómo las trabajadoras están incorporadas en el campo incluso desde antes de nacer. “Nosotros estamos metidos ahí desde niños. Desde hace dos, un año, dijeron por ahí. Estamos en el vientre de nuestra mamá, quien está metida en los surcos. Nosotros ahí nacemos, ahí crecimos. Somos jornaleros.” En las 10 entrevistas de la campaña, ellas hablan de mejores salarios, prestaciones y condiciones laborales en general; de inspecciones efectivas y un verdadero seguimiento por parte de las autoridades mexicanas, de respeto a sus derechos, a una vivienda digna, a centros de salud y a docentes para la educación de niñas y niños; de respeto a la libertad de asociación laboral y sindical e igualdad en las oportunidades para migrar a Estados Unidos con el programa H-2A.
En la campaña se escucha a estas 10 mujeres exigir a empresas y personas consumidoras que se reconozca la importancia de su trabajo, como dice Diana Yuharí, de Xilitla, San Luis Potosí: “es así como llegan los productos del campo a las mesas de miles de familias en México y otros países”. Como sociedad, tenemos una deuda histórica con las personas trabajadoras migrantes agrícolas.
Si queremos ser una sociedad más justa, debemos exigir que se garanticen los derechos de todas y todos, valorar el trabajo que hacen estas mujeres significa reconocer el papel que juegan para nuestra economía y vida cotidiana.
Esta es una oportunidad para transformar la industria agrícola hacia un modelo de producción de alimentos que integre un marco de legalidad en el que se consagren los derechos humanos de todos y todas. Proyecto Periplo estará publicando semanalmente una nueva entrevista hasta mediados de octubre en sus redes sociales: facebook.com/ProyectoPeriplo y twitter.com/ProyectoPeriplo
