El sector inmobiliario, más allá de las investigaciones en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país por presuntos actos de corrupción, resiente los intentos de extorsión de funcionarios subalternos en otros territorios. En general, es necesario que se siente un precedente de que no debe haber deshonestidad en la industria, pero tampoco se debe usar a un sector que genera cerca de 400 mil empleos en el país para disputas políticas, considera María José Fernández, directora general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

En entrevista, la líder valora que el gobierno de la Ciudad de México investigue los presuntos actos de corrupción en el aval de licencias para construir vivienda y oficinas durante pasadas administraciones. Sostuvo que es una situación que afecta a todos: empresarios, autoridades y al mismo consumidor, pues los precios se ven afectados por los sobornos.

Fernández comentó que por varios años y en diversas demarcaciones fueron reiteradas las quejas por parte de los asociados de la ADI, sobre “funcionarios de segundo nivel que tenían un negocio a raíz de la extorsión”.