La Fiscalía General de la República (FGR) propuso elevar las penas para traficantes de personas o polleros hasta a 24 años de prisión, como parte de una serie de propuestas en la materia, que presentó para su análisis al Instituto Nacional de Migración (INM).
La FGR también planteó reservar para las fuerzas armadas o la Guardia Nacional la conducción de operativos cuando se constate la existencia de delitos ligados al fenómeno migratorio.
Durante la segunda Conferencia Nacional de Migración, que se realiza en la Ciudad de México, Germán Adolfo Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, llamó a elaborar un registro de defensores de derechos humanos en materia migratoria, ya que, expuso, son constantes los casos de personas detenidas por tráfico de personas que aseguran ser defensores, o migrantes, con la intención de eludir la justicia.
La FGR propuso ajustar el artículo 159 de la Ley de Migración, que actualmente prevé penas de ocho a 16 años de prisión y multas de hasta 15 mil salarios mínimos de castigo a los traficantes o polleros, para elevar las sanciones a penas de 12 a 24 años de cárcel, con multas de hasta 15 mil unidades de medida y actualización (UMAs).
La propuesta considera conducta ilícita no sólo la de quien “lleve” a migrantes para internarse en otro país sin documentos, sino también la de quien “colabore, guíe o realice” actividades tendientes a ello, con la intención de tener para sí mismo o para un tercero, directa o indirectamente, un lucro o beneficio a futuro.
También considera agravante el tráfico de grupos de más de 20 personas o que quien lo facilite sea servidor público.
Si se advierte la comisión de hechos delictivos contra migrantes, el INM será autoridad coadyuvante para brindar atención y auxilio a las personas en contexto de movilidad, pero serían instancias de seguridad nacional o fuerzas armadas las que encabecen las acciones, de acuerdo con la iniciativa.
El proyecto prevé que todas las autoridades tienen facultad de pedir identificación, no necesariamente vinculada con el estatus migratorio de la persona.
Alerta CNDH sobre revisiones en aeropuertos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera prioritario revisar las inspecciones migratorias aleatorias que se realizan en los aeropuertos y sobre lo cual esa instancia ha emitido diversas recomendaciones por irregularidades, manifestó en la sesión Raúl Ramírez, titular de la Quinta Visitaduría del organismo.
Representantes de grupos aeroportuarios explicaron que en el país se ha registrado un incremento exponencial del tráfico aéreo.
Debido a que el personal migratorio en los aeropuertos es insuficiente, hay extranjeros que tardan hasta hora y media o dos horas en pasar las revisiones y salir de la terminal. En su mayoría, el trámite es un proceso manual, sin apoyo tecnológico.
Enseguida se anunció la implementación de la forma migratoria múltiple electrónica, que se aplica en una fase piloto en cuatro aeropuertos, que suprime el uso del papel y agiliza los procesos.
Además, el INM firmó un convenio de colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja en México para formalizar visitas a estaciones y estancias migratorias.
