Al llegar a la veintena de foros de análisis rumbo a la reforma electoral, especialistas analizaron la posibilidad de eliminar los institutos y tribunales electorales estatales, uno de los puntos de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca disminuir en más de 50 mil millones de pesos el gasto en la materia.

En la mesa realizada en la Cámara de Diputados, distintos ponentes, incluidas personas responsables de los Organismos Públicos Locales Electorales (Ople), presentaron argumentos según los cuales no conviene al país eliminarlos porque habría afectaciones graves a la democracia.

Sin embargo, también en este parlamento abierto se habló de la falta de eficiencia en las autoridades locales, como lo señaló Eric Guerrero, docente de la Univdep. “No podemos tener medidas cautelares expeditas por que los Ople no están resolviendo en tiempo”.

Paula Ramírez, consejera presidente del Ople Jalisco, consideró que la desaparición eliminaría también la experiencia acumulada de décadas, “para forzarlos a una homogeneidad tan imposible como indeseable”.

Con distintos matices se pronunciaron en ese sentido los responsables de los Ople de Nuevo León, Morelos, Oaxaca y Querétaro, así como el magistrado Sergio Arturo Guerrero, quien dijo que “no hay buenas razones” para desaparecer a los Oples y tampoco a los tribunales electorales ni para para elegir, en voto popular, a nuestro funcionariado electoral.

Arturo Espinosa, del Laboratorio Electoral, puntualizó que el gasto total del Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral federal y los locales ascendió en 2021 a 24 mil 300 millones de pesos, equivalente a 0.24 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año, por lo que el argumento de reducción de gasto tampoco sería la razón de peso.

Otros ponentes expusieron que los Oples y tribunales locales son la base de la estructura del funcionamiento del modelo democrático, es así que el pretendido instituto nacional de elecciones y consultas, que absorbería todo lo local, traería problemas en todas las entidades federativas, en particular cuando hay comicios concurrentes.

Partidos simuladores, promotores de fraudes

Por la mañana, durante el foro de este mismo parlamento dedicado al tema de género, se advirtió que inscribir a las mujeres como candidatas no es suficiente; se requiere hacerlo en lugares donde el partido tiene posibilidad de ganar.

Integrantes de la academia, de organizaciones civiles y dos consejeras electorales subrayaron que los principales promotores del fraude o simulación en esta materia son los propios partidos.

También hablaron de la urgencia de legislar para evitar la postulación de personas que han incurrido en violencia política.

Con la participación de diputados de Morena y del Partido del Trabajo, en el foro se hicieron balances de la reforma constitucional de 2019, identificada como “paridad en todo”.

Actualmente, en México hay nueve gobernadoras, mientras la Cámara de Diputados está integrada por 251 mujeres y 249 hombres, y la de Senadores por 49.2 por ciento de mujeres.

En los congresos locales la integración es de 56.6 por ciento en favor de las legisladoras, y en las presidencias municipales en 22.1 por ciento hay alcaldesas.