Ciudad de México. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la consejera jurídica de la Presidencia de la República, María Estela Ríos González, entregaron ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la posición del gobierno federal sobre la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa, en la que presentó argumentos para mantener esa medida cautelar para presuntos responsables de delitos graves, a fin de evitar la impunidad y la corrupción.

Por la mañana, el funcionario asistió a la reunión plenaria de los diputados federales de Morena que se realiza en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde advirtió que si se acotara la prisión preventiva, se estaría terminando con toda la estrategia de seguridad del país y “eso no los merecen los mexicanos”.

Al contrario, “tenemos que ir fortaleciendo jurídica y políticamente este proyecto de seguridad que forma parte del proyecto transformador”, añadió.

López Hernández apuntó que las convenciones internacionales no pueden estar por encima de la Constitución, que es la ley suprema en el país.

Horas después, tras entregar el documento en la SCJN, habló brevemente del tema. “Nosotros hicimos ayer un comunicado, esa es la postura (…) Ellos (los ministros) seguramente lo leerán con atención y tomarán su decisión”.

En dicho documento piden a los ministros que “al momento de resolver (…), consideren la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales”.

El encargado de la política interna del país señaló que el mandatario federal –quien señaló que eliminar ese tipo de detención en delitos graves propiciaría impunidad y corrupción– no ha dialogado sobre este tema con el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

Explicó que la discusión del tema en el máximo tribunal no se retrasó, sino que, conforme a turno, será discutido en los primeros días de septiembre.

Al iniciar la sesión del pleno, el ministro Zaldívar confirmo que el tema se votará dentro de 10 días.

“Por acuerdo de este tribunal pleno, los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre”, anunció.

Al intentar conocer la postura de Ríos González en las inmediaciones de Palacio Nacional, respondió: “sin comentarios”.