Moscú. Seis meses después de comenzada la campaña militar rusa en Ucrania, el presidente Vladimir Putin firmó ayer un decreto que aumentará, a partir del primero de enero de 2023, el número total del personal, tanto militar como civil, de las fuerzas armadas de Rusia, lo que presupone tener cerca de 10 por ciento más de soldados y oficiales.

El documento establece que el ejército ruso deberá tener 2 millones 39 mil 758 miembros, de los cuales un millón 150 mil 628 serán soldados y oficiales; es decir, aproximadamente 137 mil más que ahora. El resto serán civiles en labores administrativas o logísticas.

Desde 2017, se mantenía intacto el total de personal del ejército y ahora el titular del Kremlin da sólo cinco meses para reclutar 137 mil soldados y oficiales más que –si no se desdice de su promesa de no mandar a la guerra a los jóvenes que por ley deben hacer el servicio militar obligatorio– tendrán que ser reclutados por contrato, como los que combaten en Ucrania.

Un mes después del 24 de febrero pasado, que dio comienzo la “operación militar especial”, Putin firmó otro decreto para llamar a sus filas a 134 mil conscriptos entre el primero de abril y el 15 de julio de este año y prometió que esa medida nada tenía que ver con la intención de enviarlos a la zona de combate.

El vocero presidencial, Dimitri Peskov, sostuvo que su jefe dio la orden de no hacerlo y, unas semanas después, al conocerse casos de incumplimiento de esa instrucción del también comandante en jefe de las fuerzas armadas, destituyó oficiales implicados de modo ejemplar.

Al mismo tiempo, se empezó a aplicar la ley que prohíbe criticar al ejército y que, de forma aleatoria y a discreción, puede imputar a cualquier persona “desacreditar” a la institución castrense y multarlo o condenarlo con hasta 15 años de cárcel. Que se sepa, al día de hoy, al menos 224 personas tienen abiertas causas penales bajo sospecha de “desacreditar” a la fuerzas armadas y por “difundir noticias falsas” al llamar “guerra” o “invasión” a lo que sólo puede ser, desde el punto de vista de las autoridades, “operación militar especial”.

Al margen de las bajas que hayan podido sufrir las tropas rusas en Ucrania en los seis meses recientes –el 25 de marzo anterior fue la última vez que un portavoz militar, en esa ocasión el general Serguei Rutskoi, reveló cifras oficiales: mil 351 muertos y 3 mil 825 heridos– y de que, a pesar de que el fiscal general de esa federación, Igor Krasnov, afirmó que desde que comenzó la campaña militar las autoridades han bloqueado el acceso a 135 mil sitios de Internet, trascienden historias de soldados que no quieren renovar sus contratos, el decreto que firmó Putin ayer denota que necesita refuerzos, pero no significa que los 137 mil nuevos soldados, entre los cuales habrá conscriptos, tengan que combatir en Ucrania.

En vista de que el líder del Kremlin no puede anunciar una movilización general por una “operación militar especial”: tendría que reconocer que Rusia está en guerra y el llamado masivo a filas tendría un impacto negativo en su índice de popularidad, los refuerzos de infantería que se quiere enviar a Ucrania deberán salir de voluntarios dispuestos a entrar al ejército por un sueldo, agrupados en batallones territoriales, y conscriptos que firmen un contrato.

Sueldo equivalente a 80 mil pesos

En lugares como Tatarstán ofrecen contratos por 260 mil rublos mensuales (unos 86 mil pesos) más premios por objetivos y en la región de Saratov, tan sólo 150 mil (50 mil pesos), y en todos lados cada día de servicio se cuenta por tres para efectos de jubilación, de acuerdo con los datos que Viktor Murajovsky, coronel y director de la revista Arsenal de la Patria, proporcionó a la agencia RBK.

La preocupación que compartieron con La Jornada algunos padres que tienen hijos varones en edad de hacer el servicio militar es que, dentro de cinco meses o incluso antes, el número de voluntarios dispuestos a ir por contrato a la zona de combates resulte insuficiente. Temen que Putin tenga que romper su promesa para completar con conscriptos –la única limitación por ley es que tienen que recibir cuatro meses de instrucción antes de ser enviados a una zona de combate– el número de soldados que requieren los generales para seguir cumpliendo la orden presidencial de “desmilitarizar” y “desnazificar” Ucrania.