Santiago. Casi simultáneamente a que el juzgado de garantía de Temuco formalizaba ayer la prisión preventiva del dirigente indígena Héctor Llaitul Carrillanca, el presidente chileno, Gabriel Boric, reiteró por enésima vez que su gobierno tiene la voluntad de alcanzar acuerdos reparatorios con el pueblo mapuche y que está disponible para “dialogar con quien sea necesario”.

Minutos antes de que el gobernante se refiriera al arresto del líder de la organización rebelde Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la jueza Leticia Rivera Reyes comunicaba que acogía la petición de la fiscalía de imputarlo por cinco delitos de hurto de madera, usurpación violenta de terrenos, llamados a la desestabilización del gobierno y atentado contra la autoridad, además de decretar la prisión preventiva por 30 días por considerarlo “un peligro para la seguridad de la sociedad” y por el riesgo de fuga.

La fiscalía sustentó sus acusaciones en fotografías, pruebas periciales balísticas, interceptaciones telefónicas, entrevistas y declaraciones, donde reiteradamente incita al sabotaje, a la resistencia armada y la “recuperación territorial”.

Mientras tanto, Boric, que estaba de gira en la ciudad de Copiapó, 800 kilómetros al norte de Santiago, proclamaba su intención de negociar con la población mapuche y se refería duramente respecto de Llaitul y de quienes optaron por la vía armada.

“Quiero decir de manera clara y firme que en Chile nadie está por sobre la ley, y que nuestro gobierno tiene la voluntad sincera de avanzar hacia una solución de fondo en el conflicto que tenemos en el sur. Que no es sólo por la vía del enfrentamiento, la violencia y la represión, sino que tiene que ver con comunidades postergadas, derechos negados, pueblos despojados”, expuso.

“Como gobierno, vamos a dialogar con quien sea necesario con la condición de que sea el diálogo, con respuestas concretas, compromisos verificables, con cambios, y con un no a la violencia, el camino a seguir”, enfatizó.

Acerca de Llaitul, declaró que “ha reiterado de manera pública su nula disposición personal y de la organización que lidera de abandonar la vía hostil y, por tanto, como corresponde a todo ciudadano, debe responder a la justicia; eso es lo que está sucediendo, estamos haciendo funcionar a las instituciones, porque la violencia no es el camino y quienes quieran seguirlo se van a enfrentar a todo el estado de derecho”.

Desde el arresto de Llaitul en la macrozona sur de Chile o Wallmapu mapuche, donde tiene lugar el conflicto, se sucedieron a lo menos cuatro ataques armados e incendiarios contra camiones, maquinaria, predios forestales y agrícolas, además de cortes de caminos.

También suscitó una vorágine de sucesos y reacciones políticas, con todos los sectores intentando cosechar con oportunismo, histrionismo y también mentiras brutales en el río revuelto; buscando impactar a favor y en contra de la ratificación de la Constitución chilena en el plebiscito del 4 de septiembre.

Por ejemplo, un senador ultraderechista señaló que la nueva Carta Magna y la justicia indígena que prevé no contempla el juzgamiento de delitos penales, por lo que Llaitul sería liberado “en cinco minutos”, y otro dando cuenta de los vínculos de la CAM con el chavismo.

La mayor secuela de los acontecimientos fue la caída de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, tras filtrarse a la prensa que entre las interceptaciones telefónicas al dirigente mapuche se encontró un audio donde una asesora hablaba con Llaitul, para solicitarle que atendiera a la funcionaria.