Chilpancingo, Gro, A partir del informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, se confirmó la participación activa de elementos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, y “esa será una de las rutas que seguirán los padres de familia para saber el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014”, aseguró Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En conferencia mediante la página de Facebook de Tlachinollan, señaló que “se corrobora, y el informe da la razón a los padres de familia, que desde las primeras horas de la desaparición de sus hijos, a los padres de familia ya les estaba llegando información de que los jóvenes habían sido detenidos por elementos del 27 Batallón” de Infantería.

En ese momento yo no lo creí, agregó el abogado, “pensé que los policías municipales son los que habían cometido las desapariciones. Después los padres de familia fueron por cuenta propia al 27 Batallón, pretendiendo ingresar, porque tuvieron información de la participación de soldados del 27 Batallón, y hasta se les criticó por acudir al lugar”.

Me parece que el capitán José Martínez Crespo “fue el 30 de septiembre supuestamente a ayudar en las búsquedas, encabezando una unidad militar, por unas colonias de Iguala; anduvo con nosotros ayudando, y hoy recuerdan esto los padres de familia, y les da mucho coraje, dicen que fue una burla de las autoridades, y los padres sabían que los militares tenían responsabilidad, que estaban implicados, y lo ocultaron” los militares.

Incluso el general Salvador Cienfuegos, acotó, siempre lo negó “y por eso se requiere una investigación exhaustiva, pero lo que se requiere es proceder, y actuar, porque si solo se queda en el informe, no tiene mucho de solución, porque los padres van a continuar en la lucha, y como todos los años va a hacer movilizaciones”.

Hay tres jóvenes identificados “pero de los demás no sabemos; el informe tiene avances importantes, lo haremos nuestro, y lo impulsaremos en diversas rutas, como las acciones penales que se ejerciten; que hay que hacer búsqueda en determinados lugares y lo vamos a hacer; y con algunos testigos colaboradores, para que se rompan los pactos del silencio”.

Rosales Sierra consideró que hay tres aspectos importantes en el informe: “Primero que la agresión a los estudiantes es un crimen de Estado, y que lo reconozca el gobierno federal, es muy significativo, por que anteriormente se tenía que acudir a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para reconocer esta grave violación”

Los padres de familia y las organizaciones sociales lo manifestaban así, “pero el anterior gobierno no lo reconoció; sabiendo que en La desaparición de los 43 estudiantes participaron policías municipales de cuatro municipios de la zona norte de Guerrero, además de policías estatales, federales y el ejército mexicano, que también generó todo un debate”.

Recordemos, insistió, “que el general Salvador Cienfuegos, en cadena nacional negó que haya participado, y cuando se requirió información al ejército Mexicano, lo hizo de manera parcial, negando que estuvieron en los eventos; pero poco a poco se fue comprobando, y hoy se sabe que fue una agresión directa, en la desaparición de los estudiantes hubo participación de elementos del 27, y del 48 Batallón, y 35 Zona Militar, hay pruebas de que están implicados en la desaparición de manera directa”.

Ya no es una participación “de omisión o encubrimiento, sino que han administrado acerbo probatorio importante, y el informe también dice que la agresión a los estudiantes, fue una violación grave a los derechos humanos de gran envergadura, y que se dio en distintos lugares como el Periférico norte de Iguala; el Palacio de Justicia, el Crucero de Santa Teresa; la Caseta de Iguala; y la zona industrial donde fue asesinado Julio César Mondragón Fontes, y de otros escenarios más”

Fue una operación de gran magnitud, “en donde necesariamente para agredir a 43 jóvenes, y dejar más de 25 heridos, y unos 180 estudiantes que estaban siendo perseguidos la noche del 26 en Iguala, ameritó la participación masiva de fuerzas de seguridad, de la delincuencia organizada, y por supuesto del ejército mexicano”.

Esto no se pudo cometer “como decía el gobierno anterior, por un grupo delictivo actuando por cuenta propia, que perpetró este hecho, y hoy el informe revela que fue una operación a gran escala”.

Hay un cuarto punto polémico incómodo para los padres de familia “que tiene que ver con el paradero de los jóvenes; el gobierno dice que no hay pruebas que están con vida; pero tampoco hay pruebas científicas indubitable de que los estudiantes hayan sido ultimados”.

Hay pruebas preliminares que tendrían que ser objeto de una investigación “solo se tienen algunos elementos de prueba técnica, sujetas a corroboración; para los padres fue muy duro, pero también hay líneas que dan esperanza; el informe puede ayudar que las investigaciones pueden dar mayor celeridad; los padres van a seguir pidiendo el esclarecimiento de estos hechos.

“Estamos lejos de que este informe constituya un pleno esclarecimiento de los hechos; ya se identificó a tres estudiantes, pero no del resto, y tampoco hay claridad de lo que pasó con ellos, hay pruebas técnicas, pero todavía tienen mucha debilidad, no hay certeza”, concluyó.

Antes al mediodía, se llevó a cabo un mitin en el antimonumento a los 43 en Chilpancingo, en donde nuevamente contingentes de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y organizaciones sociales, demandaron justicia.