El 18 de agosto se presentó el Informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. En la presentación del documento, presidida por Alejandro Encinas, se exponen avances de las investigaciones para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos y procurar la justicia en el caso. El informe aparece como nueva oportunidad para que el gobierno dé pasos firmes en favor de las víctimas, encarando con claridad la realidad expuesta por éste y muchos otros informes independientes que le preceden y redoblando esfuerzos para hacer justicia y garantizar la no repetición.
Entre las principales conclusiones del informe destaca que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un crimen de Estado, en el marco del cual autoridades federales y estatales fueron omisas, negligentes y presumiblemente alteraron los hechos para apuntalar una conclusión ajena a la verdad. Se concluye que en todo momento las autoridades supieron de la movilización de los estudiantes, en especial porque el Ejército tenía un infiltrado en la normal, con información de primera mano. Se confirma la identificación de tres de los desaparecidos; se revela que no hay indicio de que los estudiantes estén vivos, así como la existencia de indicios para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades contra integrantes de Guerreros Unidos, autoridades federales y municipales.
Pasado apenas un día de la presentación del informe, cimbró la noticia de la detención de Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, quien coordinó la pesquisa que concluyó con la ya desmentida “verdad histórica”, sostenida con base en manipulación de las evidencias y de tortura contra sospechosos y detenidos. Se le aprehendió con acusaciones de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.
Trascendió que hay más de 80 órdenes de captura contra elementos del Ejército, la Marina y de policías y autoridades estatales y municipales, que darían cuenta de un aparato organizado de Estado que se accionó para ocultar la participación activa de instituciones en la desaparición de los estudiantes, así como para construir el montaje de la llamada “verdad histórica”.
Transcurridos casi ocho años de los hechos, no queda duda de la responsabilidad institucional de la PGR en la comisión de conductas delictivas relacionadas con la investigación del caso. Informes han dado cuenta de la comisión de detenciones arbitrarias, manipulación de evidencias, incomunicación de arrestados, torturas para obtener confesiones, incluso se ha documentado la ejecución de un detenido. Se sabe también que se manipularon los trabajos científicos periciales para cuadrar por la fuerza la hipótesis falsa del caso y que se sembraron evidencias. Las anteriores entre tantas otras ilegalidades de las que el Poder Judicial de la Federación ha dado cuenta, pues basta recordar la sentencia histórica del segundo tribunal colegiado de circuito de Reynosa, Tamaulipas, que precisamente ordenó integrar una comisión investigadora independiente ante el montaje orquestado por la PGR.
Ante esta evidencia sobre Ayotzinapa surgen dos preguntas básicas: ¿tendrá la hoy Fiscalía General de la República capacidad técnica para montar un macrocaso que devele las entrañas del aparato organizado de Estado que perpetró el crimen?; y, ¿las órdenes de captura vigentes pero aún inejecutadas acreditarán el involucramiento estructural de las personas e instituciones en la desaparición y la construcción de la mentira histórica que forman parte de este crimen de Estado?
Para saber cuál será la respuesta a la primera pregunta es un indicio relevante la resolución sobre la vinculación a proceso de Murillo Karam, pero también cuál será la capacidad de la FGR para el procesamiento técnico-jurídico que se dé a la indagación sobre la podredumbre de la PGR que encabezó el ex procurador; en ambos temas se verá si hay una pauta que efectivamente diferencie a este gobierno del anterior, no sólo por su capacidad de sustentar jurídicamente sus afirmaciones, sino sobre todo por su disposición para, a través de un caso ejemplar, poner las bases para emprender la reforma en materia de justicia que tanto urge al país.
El riesgo, en sentido inverso, de una posible absolución de Murillo, supondría la corroboración de que este gobierno también hace un uso político del sistema de justicia y no está comprometido ni en contribuir en la búsqueda de verdad de los padres de los 43, ni en efectuar una reforma transicional de nuestro sistema de justicia.
En cuanto a la segunda pregunta, la detención de militares y marinos, podría abonar a determinar el nivel de participación de los integrantes de las fuerzas armadas, tanto en la desaparición como en el montaje de la ilegal investigación, así como en sus nexos y contubernio con el crimen organizado. Sólo así, y en un real ejercicio del derecho a la verdad, podremos comprender en sus dimensiones el significado de la expresión “crimen de Estado” y conocer con claridad las instituciones y personas que lo hicieron posible.
Mientras conocemos las respuestas a ambas interrogantes, es imperativo reivindicar una vez más la posición de entereza y dignidad de los padres de los 43. Su respuesta a propósito de la detención de Jesús Murillo Karam fue que “no les mueve la venganza, sino la esperanza”, con lo cual puede entenderse que saludan la aprehensión no como un fin en sí mismo, sino en la medida que ello les acerque a la verdad, pues, con independencia de la noticia de la muerte de sus hijos, en un genuino cumplimiento de su derecho a la verdad, aún se les debe explicar con pruebas fehacientes, adónde fueron trasladados, cómo fueron ultimados y cuál fue su paradero.
El actual gobierno federal ha demorado la mitad del sexenio para llegar a este punto; estamos por ver si realmente generará las condiciones para que conozcamos la verdad con todas sus consecuencias y si se romperán los pactos de silencio y poder que caracterizan a nuestro sistema y, particularmente, los que han acompañado el devenir de las fuerzas armadas. A casi un mes de que se cumpla el octavo aniversario de la fatídica noche de Iguala, se impone recordar el lema enarbolado por los padres de los 43 en el curso de su peregrinar “nos quisieron enterrar, pero no sabían que éramos semillas”.
