Santiago. Héctor Llaitul Carrillanca, uno de los principales dirigentes de la organización insurgente mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue detenido por la policía chilena pasado el mediodía de ayer en la ciudad de Cañete, 540 kilómetros al suroeste de Santiago, en cumplimiento de una orden del Ministerio Público que lo investiga por presuntos delitos terroristas.

La detención de Llaitul fue dispuesta por la Fiscalía Regional de Temuco y se sustenta en una denuncia que data de 2020, efectuada por el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, responsabilizándolo de los delitos de atentado a la autoridad, usurpación de tierras y hurto de madera.

El líder de la CAM fue apresado cuando se encontraba en un restaurante; testigos dijeron que no prestó resistencia a los agentes de la policía de investigaciones que ingresaron a detenerlo para, a continuación, llevarlo a un descampado, donde lo subieron a un helicóptero que lo trasladó al aeropuerto de Temuco, capital regional distante a 130 kilómetros de Lumaco, y de ahí al cuartel policiaco.

Pasadas las 4 de la tarde (hora local), la ministra del Interior, Izkia Siches, compareció para decir que el arresto corrobora que “en nuestro país el estado de derecho funciona y que nadie está por encima de la ley; los trabajos del Ministerio Público y de las policías han rendido frutos y hoy está en las manos del Poder Judicial seguir con el proceso en curso”.

Al caer la tarde, la CAM divulgó una declaración en la cual afirma que la detención de Llaitul “es un punto de inflexión para el movimiento mapuche autonomista revolucionario que contrapone de manera tajante la confrontación a este Estado colonial y su política de integración forzada”. Pidió a otras organizaciones y comunidades mapuches “comenzar nuevos procesos de recuperación en contra del gran capital, a través de un verdadero control territorial” y llamó al sabotaje contra la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera.

Un arresto anunciado

Lo de Llaitul parece la crónica de un arresto anunciado. Poseedor de una larguísima trayectoria impulsando la autonomía territorial mapuche, en los últimos meses hizo reiterativos anuncios –que se cumplieron con creces– de que la CAM incrementaría el boicot contra su objetivo principal: las empresas forestales instaladas en el Wallmapu –el país ancestral de los mapuches–, y que apurarían la ocupación de predios explotados por aquellas. Además, trascendió un video en el cual Llaitul reconoce que “la madera que nosotros recuperamos es para tener recursos y generar los insumos que requiere la reconstrucción del mundo mapuche. Y con el fin de tener los fierros, los tiros y los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante”.

Esa afirmación hizo que el gobierno de Gabriel Boric, fuertemente presionado desde la oposición derechista y por algunos aliados, ampliara las denuncias penales existentes contra Llaitul.

La CAM es una organización político/militar indigenista que se define como autonomista y anticapitalista. Tiene 25 años de trayectoria, se dio a conocer en 1997, cuando reivindicó la quema de tres camiones, y desde entonces protagonizó centenares de acciones que impulsaron la politización del mundo mapuche en torno a sus orígenes culturales y territoriales, logrando visibilizar su causa.

Pedro Cayuqueo, periodista y escritor de ascendencia mapuche, declaró a La Jornada: “esto va a ser leído como continuidad de las estrategias de represión que en el caso mapuche son de larga data. Gobiernos de distinto signos ideológico han aplicado la misma fórmula desde hace dos décadas para intentar controlar el movimiento reivindicativo mapuche. Esa estrategia represiva ha significado violaciones a los derechos humanos, prisión política para cientos de militantes de la causa mapuche, particularmente jóvenes, y algunos de ellos han muerto víctimas de la violencia estatal. Esa será la lectura de los movimientos más radicales”.

No hay señales de diálogo

Respecto de una salida negociada al conflicto (“un diálogo político y diplomático de alto nivel”), opina que “no existen” en el horizonte mapuche “las señales son de continuidad de políticas que descartaron siempre el diálogo como herramienta de resolución pacífica de conflictos.

También hace ver que la coyuntura esta cruzada por el plebiscito constituyente del 4 de septiembre, lo cual impidió a Boric “tomar mayor protagonismo en los temas indígenas e intentar ser audaz”.

Plantea que “es de esperar” que el presidente “tenga la capacidad e inteligencia para presentar un plan político de abordaje de este tema; la experiencia dice que los conflictos indígenas relacionados con reivindicación de tierras, cultura, lengua, entidad y reparación de daños históricos, la mejor posibilidad de solución es un arreglo que pasa por conversación y diplomacia, reconocer a los líderes y sus organizaciones como interlocutores válidos; no puede ser sólo la persecución penal la respuesta frente a una emergencia indígena que está muy presente en Chile y que tiene amplia experiencia en Latinoamérica, particularmente en México”.