Monterrey, NL. A 11 años de la tragedia del Casino Royale, incendiado por un grupo del crimen organizado, donde murieron 52 personas (42 mujeres y 10 hombres), entre ellos una mujer embarazada, los familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia a las autoridades y que siga en pie el memorial en recuerdo de quienes perdieron la vida en este acto terrorista.

Samara Pérez Muñiz, estuvo presente en el Casino Royale el 25 de agosto del 2011 y logró salir con vida, pero su hijo Xavier Muraira Pérez fue una de las 52 víctimas y desde entonces se ha convertido en la vocera de todas las familias.

Pérez Muñiz precisó que, pese a que han pasado 11 años de estos trágicos sucesos, sigue sin haber justicia y al volverse a retomar este caso, espera que haya avances y castigos.

Aunque han buscado honrar la memoria de cada una de las víctimas, desgraciadamente el lugar ya fue demolido y en su lugar se construyó otro edificio dejando de lado las cruces blancas con el nombre de cada una de las personas que perdieron la vida hace 11 años, además de que el memorial construido en administraciones ya está en completo olvido.

Ante este olvido en el que están, Pérez Muñiz pidió a las autoridades locales, tomar la responsabilidad y no dejar que se quede en impunidad este acto provocado por el crimen organizado.

Aseguró que “en cualquier parte del mundo con un suceso como este, donde 52 personas pierden la vida se hacen memoriales en los lugares donde ocurre la tragedia, la congruencia real hubiera sido que esta zona hubiera sido de un memorial para nuestros familiares, pero también de un símbolo de un parteaguas de la violencia que estamos viviendo en esa época brutal”.

A más de una década, las cosas siguen igual, reiteró, y dijo que “ninguna de las personas detenidas por este caso, han recibido una sentencia final”.

Al no tener avances, de nuevo las familias, dijeron, volverán a tomar el terreno donde estaba el Casino Royale para colocar las cruces.

“Que le piensen dos veces estas personas para que nunca más se repita, las penas que deben de tener estas personas, a 11 años no todos están sentenciados, hay gente que todavía no ha sido capturada, hay una deuda moral, pero una deuda pública a la sociedad, a nuestro Estado, a nuestro país, 52 personas no pueden morir en vano y las autoridades tienen que actuar en congruencia”.

En los próximos días, el Gobierno Federal ofrecerá una disculpa pública a los familiares, por las deficiencias que ha tenido el caso y se espera se sumen el Gobierno Municipal de Monterrey y del Estado.