Tanto Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California, como la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, deben una explicación ante la “sincronía” de sus afirmaciones con las que buscaron justificar la violencia en esa ciudad entre el 12 y 14 de agosto, expuso Jaime Martínez Veloz, quien presentó una ampliación de la demanda de juicio político que interpuso contra el senador de Morena. En su escrito, que entregó ayer a la Cámara de Diputados, Martínez Veloz pidió que la Subcomisión de Examen Previo cite como testigo a Caballero para que “aclare, ratifique o rectifique sus declaraciones, en las que conmina a los grupos del crimen organizado a que ‘cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben’ y explique la sincronización de sus afirmaciones, con las de Bonilla Valdez, dada la gravedad de los hechos y la situación de terror sufrida por la población bajacaliforniana los días 12, 13 y 14 de agosto”. Como parte de la denuncia, el ex diputado federal resaltó que durante los actos violentos en Tijuana, en las estaciones de radio de Bonilla se difundió un supuesto mensaje del crimen organizado que hablaba de un “toque de queda” y amenazaba a los ciudadanos con que serían atacados si salían a la calle. Los mensajes, dijo, “generaron un terror generalizado entre la población, que se encerró”.